Al pensar en la pandemia del Covid-19 hace unos lejanos seis años, es inevitable rememorar los principales aportes monetarios que recibieron millones de personas para paliar el impacto económico del distanciamiento social.
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Bono Clase Media y los retiros anticipados de fondos de pensiones son los primeros beneficios que vienen a la memoria, pero también existió uno que está resonando en la memoria de millones de personas, en particular en estos días.
Se trata del Préstamo Solidario del Estado, entregado por el Fisco chileno en los años 2020 y 2021, enfocado en quienes, producto de la emergencia sanitaria, enfrentaron una disminución de al menos el 30% en sus ingresos, y que permitía cubrir hasta un 70% de la caída de dichos ingresos, con un tope de $ 650 mil mensuales.
En aquel entonces, se podía solicitar por tres meses, entre agosto y diciembre de 2020. El reintegro del préstamo se realizaría en cuatro cuotas sin interés, reajustables de acuerdo a la variación del IPC, desde la Operación Renta 2022.
Ya transcurrido el tiempo, la factura comenzó a llegar. Según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), existe más de 1 millón de contribuyentes que están atrasados en cancelar las cuotas para reintegrar los recursos recibidos desde el Estado, por lo que el organismo -en conjunto con la Tesorería General de la República- inició un proceso de regularización para que los deudores se pongan al día.
¿El resultado? Al 23 de septiembre, más de 156 mil personas han regularizado sus cuotas impagas, totalizando más de US$ 50 millones ($ 48.864 millones) que serán recuperados por el Estado.
Desde el SII explican que 1.073.590 personas no cumplieron con alguna de sus declaraciones de impuestos, requisito obligatorio para el reintegro de los Préstamos Solidarios, en uno o más períodos entre 2022 y 2026. A partir de septiembre, este grupo comenzaría a recibir los boletines de cobro respectivos, con el reajuste y cálculo de intereses.
Sin embargo, para entregar mayores facilidades para que las personas puedan solucionar su situación y pagar la deuda, el organismo amplió el plazo al 30 de noviembre de 2026 para que 900 mil contribuyentes de menores ingresos puedan presentar las declaraciones de renta faltantes y regularizar su situación.
Desde el SII explican que 1.073.590 personas no cumplieron con alguna de sus declaraciones de impuestos, requisito obligatorio para el reintegro de los Préstamos Solidarios, en uno o más períodos entre 2022 y 2026.
Situación regional
La regularización se tradujo en la presentación de 359.326 declaraciones de renta por parte de personas deudoras, dado que la normativa que rige el préstamo estableció que la vía de pago de las cuotas era en las Operaciones Renta de 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. A través de estas vías, las personas regularizaron su situación pagando su deuda al aceptar la propuesta de declaración de renta de cada año adeudado, o solicitando el cupón de pago o giro respectivo para realizar un convenio de pago con la Tesorería.
Para esta última alternativa, el SII dispuso desde el 14 de septiembre el cupón de pago o giro de forma inmediata, con el que las personas pueden suscribir un convenio de pago con la entidad recaudadora. En solo 10 días, 15.276 personas han regularizado su deuda por esta vía por un total de US$ 9,4 millones ($ 9.136 millones). El 69% lo hizo a través de internet, mientras que el 31% lo hizo en oficinas del SII.
Las regiones que registran los mayores montos son la Metropolitana ($ 25.483 millones), Valparaíso ($ 4.201 millones) y Biobío ($ 3.891 millones).
En tanto, aquellas que registraron las mayores cantidades solicitadas a través de los Préstamos Solidarios 2020 y 2021 fueron la Metropolitana, con una cifra superior a $ 7.312 millones; el Maule, con más de $ 985 millones, y Valparaíso, con más de $ 717 millones.
La subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia, valoró los resultados preliminares del proceso de regularización gracias a la innovación aplicada en la búsqueda de las mejores soluciones para el contribuyente.
“Como servicio, buscamos implementar soluciones innovadoras para procesos masivos, que nos permitan minimizar el impacto en el cumplimiento de nuestra misión”, dijo.
Así, contó que, en este caso, desarrollaron una solución basada en automatización robótica de procesos, supervisada por funcionarios de la Subdirección de Fiscalización, que les permitió dar respuesta a más de 3.500 peticiones administrativas, rápidamente.
“De esta forma, no solo facilitamos el trámite a las personas, sino que además podemos mantener el foco en las acciones que desarrollamos para disminuir la evasión y elusión tributaria, por ejemplo”, comentó.
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Sebastian Valdenegro
