En la necesidad de avanzar en modificar y eliminar algunas de las actuales exenciones tributarias para financiar el alza en el gasto social producto de la pandemia insistió ayer el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara.
Como presidente de la instancia que reunió a un grupo transversal de 18 economistas para analizar los citados mecanismos vigentes en el pais por encargo del exministro de Hacienda, Ignacio Briones, indicó que basado en el trabajo realizado y las circunstancias que vive Chile “inevitablemente tendremos más gasto social y la única forma es con mayor carga tributaria”.
Ante la comisión de Hacienda del Senado, agregó: “Las exenciones deben formar parte de este financiamiento de un mayor gasto social, es algo que al menos debe evaluarse”.
A su turno, el vicepresidente del grupo de economistas, Rodrigo Valdés, afirmó que “aunque en algunos casos no se tiene toda la información de pérdida de recaudación o efectos, el peso de la prueba debe estar en los que defienden las exenciones. Si no hay una buena razón, no debieran existir”.
Estas ponencias coincidieron con una oposición que subió la presión para que el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, acelere el envío de un proyecto de ley que aborde cambios al tratamiento preferencial en materia de impuestos que tienen sectores como la construcción, el transporte y el mercado de capitales.
Muestra de esta ofensiva es un documento que los senadores Carlos Montes (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD), ambos de la comisión de Hacienda, llamaron al Gobierno a presentar un proyecto de ley a la brevedad sobre las exenciones tributarias, de modo de tener resultados lo más pronto posible. “El Estado requiere contar con más recursos para enfrentar la pandemia y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas”, aseguran los parlamentarios.
Señalan que existe un “amplio consenso” para eliminar el crédito especial en favor de las constructoras, ya que “no se cuenta con antecedentes que permitan concluir que este beneficio se haya traspasado a los consumidores”.
Así, señalan que se podría reemplazar por una política directa de subsidio a la vivienda más focalizada”.
Adicionalmente, los senadores proponen que los fondos de inversión privados (FIP) pasen a ser contribuyentes de Impuesto de Primera Categoría “como cualquier otra empresa en Chile”. Respecto a los fondos de inversión públicos, se propone reemplazar la tributación que afecta a los aportantes que no sean domiciliados o residentes en Chile, desde un impuesto único de un 10% al impuesto adicional (tasa 35%), con derecho a rebajar el crédito por Impuesto de Primera Categoría, sujeto a la obligación de restitución (65%).
Respecto a las ganancias de capital, se propone mantener la franquicia tributaria para inversionistas institucionales, locales y no residentes (AFP, Cía. de seguro, entre otros a evaluar).
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