Unos días antes de que los parlamentarios le cerraran la puerta al reajuste de 3,2% que ofrecía el gobierno a los trabajadores del sector público, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, revelaba un dato que toma bastante importancia ahora que los empleados del Estado se podrían quedar por primera vez desde 1990 con ajuste salarial cero.
Y es que de acuerdo a cálculos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), entre 2005 y 2015 las rentas de los empleados del gobierno central han crecido 26% más que el reajuste del sector público, datos que el secretario de Estado entregó en la presentación del proyecto ante la comisión de Hacienda de la Cámara a finales de octubre.
El cálculo de la Dipres consideró las rentas brutas promedio del personal de planta y a contrata y tomó en cuenta las asignaciones, aguinaldos y otros beneficios de la Ley N°19.553 promulgada en 1997 y las modificaciones a la misma contenida en la Ley N° 20.212 que vio la luz en 2007.
Partiendo de la misma base, el salario bruto ha subido en 218 puntos en los últimos diez años, mientras que el reajuste negociado a fines de cada año lo ha hecho en 172 puntos. En palabras simples, la cifra del reajuste general no es el ingrediente principal que ha impulsado los sueldos de los trabajadores públicos en los últimos diez años, sino que responden -en mayor medida- a bonos o asignaciones sectoriales adicionales que muchas veces forman parte del mismo proyecto. También pueden emanar de los protocolos que el gobierno firma con la Mesa del Sector Público o con gremios particulares.
Dentro de las leyes aprobadas en los últimos años con estos fines, destacan la bonificación por calidad de satisfacción al usuario para los funcionarios del Registro Civil aprobada en 2014, la bonificación por retiro voluntario para los profesores de 2015 o la asignación de productividad para el personal de planta y contrata del Registro Civil, aprobado en julio de este año, por mencionar algunos ejemplos.
Gracias a iniciativas como esas, en los últimos dos años los salarios de los empleados públicos han experimentado incrementos que han llegado hasta 29,8% (nominal) en el caso de las rentas más bajas, correspondientes al cargo de auxiliar, las cuales se elvaron de $ 260.285 a $ 337.900 entre 2014 y 2016. Dicho nivel está algo por encima del registrado para los empledos administrativos (27,4%) y los técnicos (26%), acorde a las cifras reveladas por Dipres.
En el mismo lapso, el reajuste general conseguido en las negociaciones entre trabajadores y gobierno llegó a 10,3%.
En las negociaciones concluidas el martes, el reajuste general no fue aprobado, pero otros 46 artículos si obtuvieron la venia de los parlamentarios, entre los que se encuentran mejoras en aguinaldos, beneficios de escolaridad, mejoras en los bonos para los pensionados, bonificaciones extraordinarias para los profesionales del área de la salud o educadores municipales, entre otros.
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