El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), dependiente del Ministerio del Trabajo, fue creado en 1976 con la tarea de promover el desarrollo de las competencias laborales de las personas, a través de diversos mecanismos, como franquicias tributarias para el gasto en capacitación en el que incurran las empresas.
Sin embargo, a más de 40 años de vigencia del sistema, han surgido críticas al uso de las citadas exenciones de impuestos, situación que ha llevado al Ejecutivo a proponer en marzo una reforma al servicio, cuyo foco es franquiciar solo los gastos que efectivamente se han realizado en capacitación.
Un informe del instituto Libertad y Desarrollo (LyD) pone en perspectiva la situación y calcula, en base a datos incorporados en el informe financiero de la reforma al Sence, que el 43% del gasto en capacitación "no llegó" efectivamente a cursos de capacitación el año pasado, sino que se destinó a "otros usos", como actividades de relajación, deportivas, estudios, responsabilidad social empresarial y fondos concursables con "baja evaluación en su impacto sobre empleabilidad".
La cifra representa el gasto en capacitación y "otros" como porcentaje de la inversión pública total en franquicias tributarias. El nivel de los recursos que se destinan a un ítem distinto a cursos de capacitación alcanzó su nivel más alto desde por lo menos 2008.
"Todo indica que los recursos invertidos en este servicio no están siendo utilizados eficientemente, entre otras cosas, porque no se han observado resultados satisfactorios en términos de que se capacite efectivamente en aquellas actividades que son importantes desde el punto de vista productivo, de modo de lograr que las personas accedan a mejores empleos y salarios", señala el reporte.
Al interior del organismo hay distintas líneas programáticas para incentivar la capacitación de los trabajadores al interior de las empresas, siendo las principales las franquicias tributarias y los programas sociales financiados por el Fondo Nacional de Capacitación (Foncap). Las empresas que pueden acceder al incentivo fiscal deben tener una planilla anual de remuneraciones imponibles superior a $ 1,6 millones y que cuenten con cotizaciones previsionales de sus empleados pagadas.
"Sin embargo, se ha detectado que este sistema no ha resultado ser una herramienta eficaz. Es más, diversos análisis dan cuenta de que no contribuye significativamente a mejorar los ingresos laborales ni la empleabilidad de los trabajadores. También se plantea que existen dudas sobre si han generado mejoras en la productividad de las empresas que han usado la franquicia tributaria como elemento de capacitación", continúa el análisis del centro de pensamiento.
Propuestas de mejora
Otro punto en el análisis de LyD es que, dado cómo está diseñado el sistema, hay un espacio "limitado" de acceso para que las pequeñas empresas utilicen la franquicia, ya que su planilla de remuneraciones no es lo suficientemente alta. Así, el año pasado el 82% del gasto público en la materia fue utilizado por grandes compañías.
Esto es particularmente complejo, según el informe, ya que el año pasado más del 51% de los ocupados se desempeñaba en empresas con entre 10 y 49 personas de dotación.
En el caso del Foncap, el reporte advierte que hay "ineficiencias" ya que algunos programas que financia no han sido bien evaluados, como el polémico Más Capaz, que el año pasado el nuevo gobierno decidió terminar.
Pasando a las soluciones, el informe del centro de pensamiento destaca aspectos de la reforma al Sence propuesta por el Ejecutivo, como franquiciar solo los desembolsos efectivos en capacitación, eliminar el tramo exento hoy vigente y establecer un copago incremental (20%, 50% y 85%) con cargo a la empresa según el nivel de renta individual de los trabajadores objeto de la capacitación (25 UTM, entre 25 y 50 UTM, y más de 50 UTM, respectivamente).
Si bien por una parte LyD considera que la reforma al Sence aporta a un incremento en la productividad, "significado mejores salarios y calidad de vida", habrá "más costos" para las empresas, ya que deberán pagar al menos un 20% de las capacitaciones, "pero a su vez desplazando –al menos parte de- la capacitación de mala calidad-".
"Al respecto, pareciera del todo razonable que la empresa se haga cargo de parte del costo de la capacitación, por cuanto se beneficiará de la mayor productividad que esa conlleve. Sin embargo, sería interesante conocer si las PYME, especialmente aquellas que no podían acceder a la franquicia tributaria porque su planilla de remuneraciones era menor a 35 UTM, serían capaces de correr con el 20% del costo de la capacitación", concluye el estudio.
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