El pie en el acelerador tiene previsto ponerle hoy el Gobierno a uno de los proyectos considerados emblemáticos ante la crisis social, como es el llamado subsidio de cargo fiscal para trabajadores y trabajadoras de bajas remuneraciones. Conocido en su origen como ingreso mínimo garantizado, esta iniciativa busca asegurar un monto de $ 300 mil líquidos a aquellas personas ocupadas formalmente que perciben mensualmente un salario que va entre el mínimo de $ 301.000 brutos y un tope de $ 384.000 brutos.
La decisión del Ejecutivo es introducirle discusión inmediata a la iniciativa, con lo que debe ser conocido y despachado por el Senado en el plazo de seis días, y así iniciar durante la próxima semana su tercer trámite en la Cámara.
Entre esta última instancia y el Senado, una de las indicaciones introducidas al proyecto implica la obligación que tendrá el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) de publicar un registro con aquellas grandes empresas en donde existan solicitudes al beneficio. Con ello lo que buscan los parlamentarios es visibilizar los niveles de rentas más bajos en este segmento productivo.
“Anualmente, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá publicar, en la página web indicada en el inciso anterior, el nombre de las empresas con ingresos por ventas mayores a 100.000 Unidades de Fomento anuales del año calendario anterior a la referida publicación, que cuenten con trabajadores que hayan sido beneficiarios durante uno o más meses de dicho año del subsidio que la presente ley crea”, señala la indicación.
Esta disposición permitió dar por superado el intenso debate con el Ejecutivo que se dio en la Cámara, luego que en la Comisión de Trabajo, se originó una restricción para el aporte a sólo trabajadores de firmas con ventas menores a 75 mil Unidades de Fomentos (UF).
Otro de los cambios que se analizará es la fecha de término del beneficio -31 de diciembre de 2023-, la que no estaba contemplada originalmente.
La idea es que el Consejo Superior Laboral -entidad tripartita compuesta por trabajadores, empleadores y Gobierno- evalúe la iniciativa en un contexto donde se busca perfeccionar este tipo de transferencias de dinero desde el Estado a las personas, por lo que se analizarán aspectos como la calificación de los trabajadores, el nivel de remuneraciones y la productividad.
Todo lo anterior en el contexto en que en marzo el salario mínimo subió desde $ 301 mil brutos a $ 319 mil brutos. Dado que el aporte tiene dos meses de retroactividad, habrá quienes reciban $ 59.200, mientras que aquellos que estén en el nuevo piso recibirán cerca de $ 47 mil.
Prioridad legislativa
El avanzar con el proyecto que establece un ingreso mínimo garantizado será una de las prioridades del Ejecutivo en el corto plazo. Así lo acordaron el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, con parlamentarios oficialistas integrantes de las comisiones del ramo en el tradicional almuerzo de coordinación de los lunes.
En la instancia, la primera tras el fin del receso del Congreso, la autoridad abordó el crecimiento económico de enero (1,5%, por sobre lo esperado) y le transmitió a los legisladores que la economía está retomando una senda de recuperación, pero que para consolidarla era importante que se mantuviera el orden público y que se cerraran los focos de incertidumbre externos, como la extensión del coronavirus.
Adicionalmente, comprometió los esfuerzos del Fisco para acelerar la ejecución del gasto público y cumplir con el plan de más de US$ 5.500 millones para resguardar el empleo que anunció en diciembre. A la fecha, dijo que el 70% de las medidas estaba en marcha.
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