"Les agradezco a todos y a cada uno de ustedes estos casi dos años de trabajo que desarrollamos juntos". Esto se leía en el e-mail de despedida que envió a parte de su equipo, Mauricio Peñaloza, la tarde del viernes luego de que se oficializara su salida de la Dirección del Trabajo.
El abogado dio un paso al costado luego de la polémica gatillada la semana pasada por las erróneas cifras que se publicaron sobre los despidos en el país, y que significó que La Moneda intercediera y le solicitara poner su cargo a disposición. Momento que se suma a una serie de episodios que han puesto al servicio en el medio de dimes y diretes con distintos actores del mercado laboral.
Esta vez, de hecho, el enredo salpicó al mismo subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, quien celebró el pasado martes vía Twitter la disminución en la magnitud de desvinculaciones durante enero -las que habrían sumado 37.790-, para luego el jueves transparentar que el número era de 132.551 dado el cambio metodológico impulsado por la DT. O sea, era una cantidad mayor a lo verificada en noviembre y diciembre.
El registro de los despidos se basaba hasta fines del año pasado en informar la fecha de registro de las cartas de aviso ante la DT, mientras que desde este ejercicio se decidió informar las fechas efectivas de término de la relación laboral.
Todo, en contexto donde su evolución se convirtió en una señal de lo que ocurría con el mercado laboral post estallido social el 18 de octubre.
Grupos negociadores
El primero de los complejos capítulos de la DT bajo la gestión de Peñaloza, y probablemente más emblemático, fue el pronunciamiento que entregó el servicio, en julio de 2018, respecto a los grupos negociadores.
En dicha oportunidad, la entidad sostuvo que al ser los acuerdos de grupo negociador un instrumento colectivo reconocido expresamente por el Código del Trabajo, el organismo deberá "proceder a registrar los acuerdos".
El dictamen generó la molestia de los expertos de oposición, entre ellos el exdirector del Trabajo, Christian Melis, y el exjefe legislativo del Ministerio del Trabajo, Ariel Rossel. A través de una carta, plantearon que el pronunciamiento del servicio "desgraciadamente, no solo lesiona la rica historia de la institución, sino que, además, le coloca en un marco que sobrepasa las facultades que se le reconocen en conformidad a la ley".
Sin embargo, finalmente, la Corte Suprema terminó respaldando al servicio fiscalizador.
Servicios mínimos de Metro
Otro impasse que debió enfrentar el servicio fue el requerimiento que presentó ante Contraloría General de la República la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) -liderada por su presidenta, Bárbara Figueroa- y los sindicatos del Metro de Santiago en el cual solicitaban a la entidad impulsar un sumario administrativo en contra del director por "omisiones en que ha incurrido en el desempeño de su cargo".
Lo anterior, a raíz de la demora en la calificación de servicios mínimos del tren metropolitano.
Empresas con aportes del Fisco
Más tarde, en febrero de 2019, el servicio emitió un dictamen en el cual amplió el alcance de la prohibición de negociar colectivamente en las empresas o instituciones públicas o privadas cuyos presupuestos, en cualquiera de los dos últimos años calendario, hayan sido financiados en más del 50% por dineros provenientes directamente del Fisco, el cual también recibió críticas de los trabajadores.
Alimentación de hijos
El derecho a alimentar a los hijos menores de dos años fue otro tema que forzó al director del servicio a hacer precisiones.
En abril de 2019, el servicio emitió un dictamen en el cual modificó su opinión respecto a la ampliación del lapso de permiso y el pago del valor de los pasajes que sean necesarios para el traslado de la madre trabajadora. Así, terminó señalando que "la trabajadora que mantiene a su hijo menor de dos años en su hogar y ejerce el derecho de alimentación postergando el inicio o anticipando el término de la jornada en una o media hora, no tiene derecho a acceder a los derechos que consagra el inciso 5° del artículo 206 del Código del Trabajo, esto es, el pago del valor de los pasajes y la ampliación del lapso de permiso".
Esto desencadenó que parlamentarias y organizaciones sindicales, como la CUT, salieran a criticar el servicio en conjunto.
Dichas críticas, incluso, llegaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Aprovechando la reunión anual de la institución -que congrega a las delegaciones tripartitas de los 187 países miembros- realizada en junio de 2019 en Ginebra, la líder de la CUT, Bárbara Figueroa, señaló en su discurso que la DT "ha tenido un cambio radical en la interpretación de las leyes y la protección del más débil en la relación laboral".
Crisis social
Uno de los últimos dictámenes polémicos del servicio fue el que abordó la crisis social que estalló en el país el 18 de octubre, y sus posibles impactos en los contratos laborales vigentes.
En dicho pronunciamiento, la DT aseguró que es posible establecer que los hechos ocurridos en las zonas afectadas "pueden reunir las condiciones para considerarse caso fortuito o fuerza mayor, lo cual originaría la suspensión temporal de las principales obligaciones que emanan de contrato de trabajo por encontrarse impedida de las partes cumplirlas".
El dictamen fue criticado por diversos actores del mercado laboral
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