Para eliminar algunos de los problemas “prácticos” de la Ley de inclusión, que ya cumplió más de tres años de vigencia, el Gobierno presentó recientemente un proyecto con diversos cambios al Código del Trabajo y al Estatuto Administrativo del sector público.
En primer término, se busca incluir expresamente en las normas respectivas a las personas asignatarias de una pensión de invalidez, algo que no ocurría, ya que se hablaba únicamente de personas con discapacidad.
Como segundo punto, la idea es garantizar que las labores asignadas no afecten la vida y salud de los trabajadores con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez, para lo cual se establece que “el empleador debe analizar el puesto de trabajo e implementar las medidas específicas de prevención, así como también los ajustes necesarios y medidas de accesibilidad”.
Otro de los cambios impulsados apunta a eliminar las barreras de acceso de personas con discapacidad a la Administración del Estado, ya que se busca equiparar el requisito de haber aprobado la educación media que exige el Estatuto Administrativo para ciertos cargos, a la certificación que reconozca formalmente los oficios o competencias laborales de las personas con discapacidad que hubiesen egresado de escuelas especiales.
La propuesta, además, pretende establecer expresamente que la multa por incumplimiento de la Ley de inclusión será por cada mes en que el empleador debió cumplir con dicha obligación y no lo hizo, lo que implicará, en la práctica, aumentar los montos de las multas.
“Lo que no puede ocurrir es que para un empleador sea mas barato pagar la multa que cumplir la Ley, por eso estamos haciendo este cambio, para que el incentivo sea cumplir la norma”, explicó el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, ante los senadores hace unos días.
El proyecto del Ejecutivo, además, sugiere cambiar los plazos de evaluación de la Ley. Actualmente, establece que la primera evaluación es a los tres años de la vigencia de la ley, y luego debe realizarse cada cuatro años. El proyecto contempla que dicha evaluación sea siempre cada tres años.
Precisamente, hace unas semanas, se dio a conocer el reporte de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Hacienda, el cual arrojó un débil cumplimiento de la norma, la cual tiene por finalidad impulsar la incorporación de personas con discapacidad al mercado laboral, en especial en el sector público.
De hecho, explicó Arab, el proyecto de ley presentado se hace eco de esa revisión.
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