Desde la semana pasada, en diferentes redes sociales, han comenzado a circular diversas denuncias en contra de algunas empresas que habrían modificado sus respectivos giros para obtener permisos colectivos para sus trabajadores y, con ello, lograr que se presenten a sus labores de forma presencial.
El tema comenzó a generar preocupación en los parlamentarios, razón por la cual la presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans, convocó ayer a la instancia para estudiar el tema, cita que contó con la presencia de la ministra del ramo, María José Zaldívar, y la titular de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa.
En la instancia, la secretaria de Estado recalcó que esta es una materia que están monitoreando con especial atención, en coordinación con la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Explicó que al interior de la cartera ya cuentan con algunas denuncias formales, por lo cual se realizarán una serie de fiscalizaciones en terreno. Para ello, además, se efectuará un cruce de datos con información del Servicio de impuestos Internos (SII) y así identificar qué firmas han realizado “mañosamente” cambios en sus giros.
“Algunas empresas puede ser que muy legítimamente lo estén haciendo, porque quieran reinventarse y quieran, en el fondo, poder seguir buscando un mecanismo para poder mantener la fuente laboral de sus trabajadores”.
Pero, afirmó, “claramente esta no es la situación de todas. Por lo tanto, cuando la razón de cambio de una sea mañosa, que sea torcer la norma, la idea es justamente poder hacer la fiscalizaciones que correspondan”.
“Estamos buscando garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores”, recalcó Zaldívar.
Sin embargo, sus declaraciones no dejaron a todos conformes. En su intervención, la titular de la CUT, Bárbara Figueroa, cuestionó la figura y alcance de los determinados servicios esenciales, que son aquellos rubros que continúan operando pese a la cuarentena, y para los cuales se requiere contar con dichos permisos colectivos.
“Acá el problema principal que tenemos es dónde vamos a poner la prioridad: en que siga funcionando la economía; o la prioridad va a estar en proteger y garantizar que efectivamente las medidas de confinamiento a la que nos invita la propia autoridad efectivamente se cumplan”, dijo.
En la cita, los parlamentarios hicieron varias consultas a Zaldívar. Sin embargo, ella admitió no contar con todos los antecedentes, por lo cual se acordó volver a citar a la instancia para monitorear las denuncias y fiscalizaciones realizadas por las autoridades.
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