Hoy será una jornada clave en el Senado. Durante el día, está contemplado que sus integrantes definan la admisibilidad de la propuesta que busca extender el posnatal a raíz de la emergencia sanitaria, la cual viene de la Cámara de Diputados.
Pero no será lo único. También está previsto que se analice el informe de la comisión de Trabajo de la Cámara Alta, el cual contendrá las diversas opciones que se pusieron sobre la mesa para apoyar a las madres y padres de menores, documento que incluirá la fórmula del Ejecutivo.
Durante la semana, desde el Ministerio del Trabajo fueron enfáticos en señalar que el proyecto de la Cámara es regresivo, es decir, que tiene un alto costo y un universo de beneficiarios muy acotado.
Su idea, que tendrá que socializar con los parlamentarios, apunta a que las madres y/o padres que deban continuar al cuidado de sus hijos menores de 6 años, puedan acceder a la suspensión de sus contratos laborales a través de la Ley de protección del empleo, con una tasa de reemplazo que no baje del 55%.
Según datos que han sido entregados a los parlamentarios, en el país existen unos 850 mil padres o madres afiliados al Seguro de Cesantía y que tienen a su cargo menores de 6 años. Una cifra de posibles beneficiarios que superaría ampliamente los 23 mil que contemplaría la extensión del postnatal original.
Otros antecedentes que justificarían la decisión del Ejecutivo de no respaldar la idea de la Cámara, es su alto costo -cerca de US$ 100 millones- y su acotado universo de beneficiarias.
De hecho, la mayoría que accede postnatal tiene sueldos menores a $ 700.000, y al ser un beneficio proporcional a la remuneración, la proporción más alta del fondo se distribuye entre los sueldos superiores a $ 700.000.
Considerando esto, las mujeres que ganan una remuneración igual o menor a $ 350.000 y que equivalen al 21% de las beneficiarias, sólo reciben un 8% del total del monto destinado a pago de subsidios.
Por su parte, las trabajadoras con remuneraciones sobre los $ 2.100.000 y que equivalen sólo al 8% de las beneficiarias, capturan el 22% de los fondos destinados a esta prestación.
“Es una política pública por la cual se destinarían una gran cantidad de recursos a un pequeño grupo de beneficiarias con ingresos más altos, en circunstancias en que debiese primar las políticas públicas focalizadas a sectores más vulnerables de la población, y con una distribución más homogénea dentro del territorio nacional”, agrega una minuta a la que accedieron los senadores.
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