Tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Dicho refrán habría pegado fuerte al interior del Ejecutivo al momento de diseñar su respuesta a la solicitud de reajuste salarial de 7% solicitado por los trabajadores del sector público.
Ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, confirmó que la propuesta inicial busca establecer un cambio escalonado entre los funcionarios públicos, con la finalidad de que el alza salarial sea más alta para aquellos trabajadores con remuneraciones más bajas.
En concreto, el gobierno propuso que aquellos funcionarios con una remuneración bruta superior a $ 1.500.000 y que pertenecen al décimo decil de mayores ingresos del país -de acuerdo a la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)-, no tengan reajuste. Además, se propone crear dos reajustes escalonados, uno para aquellos trabajadores que ganen entre $ 750 mil y $ 1.500.000 y otro que agrupe a los funcionarios que ganen menos de $ 750 mil brutos mensuales. El primer grupo tendría un reajuste nominal de 1,8% y el otro tendría una mejora salarial de 2,5%.
Los integrantes de la mesa Ana María Gutiérrez, José Pérez y Bárbara Figueroa.
Briones explicó que "es un contexto donde muchos chilenos temen perder su empleo, por eso nosotros hemos planteado que este reajuste tenía que hacerse de manera diferente". Y agregó que "queremos concentrar los esfuerzos ahí, en los trabajadores de menos ingresos, y que al revés, los trabajadores de mayores ingresos, aquellos que pertenecen al 10% de mayores ingresos, no tengan reajuste".
De acuerdo a datos del gobierno, la negociación involucra a cerca de 760 mil funcionarios públicos. De esa cifra, 190 mil quedarían fuera del reajuste bajo la propuesta de Hacienda.
De acuerdo a conocedores de las conversaciones, dentro de lo planteado por Hacienda se sugiere además la entrega de bonos, y al igual que el reajuste, serían escalonados.
A modo de ejemplo, para el tramo de ingresos menores a $ 750 mil, el gobierno propuso un bono de Navidad de $ 57.000 y un bono de acuerdo de $ 185.000.
En tanto, para aquellos con salarios entre $ 750 mil y $ 1,5 millón, dichos bonos serían de $ 30 mil y $ 91 mil, respectivamente.
Además, para el cálculo de los beneficios estimados el Ejecutivo estaría utilizando una inflación proyectada de 2,5%.
Negativa de trabajadores
"Todas las organizaciones afiliadas a la mesa del sector público rechazaron de plano el ofrecimiento del gobierno, que hace un ofrecimiento de tres tramos con porcentajes que en definitiva son un alza de 0% real", dijo tras la reunión el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) e integrante de la mesa, José Pérez.
Una opinión similar entregó la coordinadora de la mesa, Ana María Gutiérrez, quien agregó que en la jornada de hoy los funcionarios se reunirán a analizar la propuesta del Ejecutivo.
"No es que a priori la mesa se haya negado a este mecanismo escalonado, es debatible, el punto es que en estas condiciones como fue presentado ha tenido el rechazo de la mesa del sector público. La mesa ha acordado que no puede haber pérdida de poder adquisitivo", afirmó.
De acuerdo a lo planteado por la coordinadora, otro punto que molestó a la instancia es que el Ejecutivo no habría entregado pronunciamiento alguno sobre la definición de un salario mínimo en el sector de $ 500.000 líquidos. "Esto es algo que tiene un impacto para varias organizaciones, que agrupan a trabajadores de menores ingresos, y no se pronunciaron", agregó Gutiérrez.
En 2018 la negociación de reajuste significó para el Fisco un costo de US$ 1.820 millones. De dicho monto, US$ 915 millones se usó para aplicar un alza salarial de 3,5% nominal, la cual benefició a 742.516 personas.
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