Ni por Alta Dirección Pública (ADP) ni cargo de confianza del Presidente de turno sino que propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Senado. Esta es la fórmula para nombrar al titular de la Dirección del Trabajo que el Gobierno habría acordado con los funcionarios del servicio en el marco del proyecto de ley que se presentará en julio al Congreso.
"Se propone regular el sistema de nombramiento del DT de forma similar a lo que hoy existe con el nombramiento del Contralor General de la República, modificando tal vez su período de duración en el cargo, y, en todo caso, procurando que no coincida necesariamente con los ciclos presidenciales. Con ello se busca profesionalizar aún más el cargo del DT", habría sido lo planteado por el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, en un correo electrónico enviado a las dos organizaciones del servicio.
Según confirmaron fuentes cercanas al proceso, dicha designación se realizaría a la mitad de una administración de gobierno, de forma de despolitizar el organismo, algo que fue solicitado por los trabajadores.
Además de los cambios en esa materia, el proyecto incorporaría profundas transformaciones en relación a la carrera funcionaria.
En concreto, el Ejecutivo se habría comprometido a que los funcionarios del servicio sean 70% de planta y 30% a contrata. La idea sería que si se genera un cupo, se realicen concursos de promoción para las vacantes en planta.
En relación al financiamiento del servicio, el aumento del presupuesto de $ 4.500 millones planteado en el proyecto que ingresó en 2017 el anterior gobierno de Michelle Bachelet, se habría mantenido intacto.
Sin embargo, existiría la posibilidad de que dicha alza presupuestaria sea mayor, ya que cercanos a las conversaciones plantearon que el Gobierno estaría calculando la factibilidad de realizar un aumento en la dotación de funcionarios para servicios mínimos y para la nueva unidad pyme. Pese a todo, dicho escenario aún permanece en análisis.
Otros cambios que contendría la propuesta tendrían relación a la digitalización del servicio, algo que ya ha sido anunciado por las autoridades. En dicha materia, se propondrá la creación de un registro general de contrataciones.
Sobre los cambios propuestos, Raúl Campusano, presidente de Anfuntch, una de las dos asociaciones de funcionarios del servicio, señaló que "luego de largos años de propuestas y trabajo conjunto con ésta y las administraciones pasadas, desde el 2013 en adelante, los funcionarios y sus organizaciones esperan que en julio próximo el Gobierno presente al Congreso un renovado y mejorado proyecto de ley de Modernización de la DT".
Según agregó el líder sindical, se tratará de un proyecto que propone cambios que serán ampliamente compartidos por diversos sectores, para ello, como trabajadores iniciarán "una ronda de entrevistas y audiencias con los diferentes partidos y bancadas parlamentarias" para facilitar su tramitación.
De acuerdo al acuerdo suscrito entre el Ministerio del Trabajo y los funcionarios, la intención es que la propuesta legislativa sea tramitada durante el segundo semestre de este año, para que pueda entrar en vigencia a contar del 1 de enero de 2020.
¿Y los servicios mínimos? si bien en algún momento se debatió la posibilidad de que esta temática quedara en manos de los organismos técnicos como las superintendencias y no en la DT, dicha discusión no será parte del proyecto de ley que el Ejecutivo ingresará en julio.
En dicha decisión los funcionarios habrían jugado un rol clave, ya que para agilizar el ingreso de la propuesta y su futura tramitación, habrían presionado al Ejecutivo para que esta materia sea incorporada en otro proyecto que incorpore las otras correcciones a la reforma laboral que implementó la anterior administración.
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