Ayer se vivió una inédita jornada en el Congreso, ya que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se inició la discusión de distintos proyectos de ley que buscan el mismo fin: que los afiliados puedan rescatar una parte de sus ahorros previsionales para paliar el impacto económico de la pandemia.
Al término de la comisión de Constitución de la Cámara Baja, se acordó que el lunes en la tarde, se discutirá -hasta total despacho- la iniciativa que modifica la carta fundamental para incorporar la facultad de retirar parte de los fondos previsionales, durante un estado de catástrofe.
A quienes lo hagan, el Estado los compensará con la emisión de un bono de reconocimiento a la fecha de jubilación hasta por el monto de lo retirado.
De todas formas, la comisión acordó fusionar esta reforma con una planteada por el PPD y otra por el diputado independiente Karim Bianchi.
El diputado Raúl Soto (PPD) detalló la propuesta, destacando que permitirá el retiro de hasta 10% de los fondos, con un tope máximo de $ 3 millones y con un piso de $ 650 mil.
El jefe de bancada del PPD indicó que la iniciativa contempla la creación de un Fondo de Reintegro, que financiará la devolución de los montos retirados, el cual se financiará mediante un activo que cada administradora deberá mantener, equivalente al 2% de cada fondo sujeto a su administración, pudiendo el Estado realizar aportes a los Fondos de Reintegro.
“Las AFP también tienen que pagar una parte de la cuenta del costo de esta crisis. Esto, porque han generado una sobreutilidad durante décadas que, de alguna manera, justifica que las administradoras también puedan retribuir a los chilenos”, dijo Soto.
Desde el oficialismo, el diputado Jorge Alessandri (UDI) reconoció que los objetivos del proyecto que busca modificar la Constitución son “muy loables y positivos, pero hacen daño y es el Estado el que tiene idear una fórmula para llegar con un Ingreso Familiar de Emergencia o Fogape para la clase media”, sostuvo.
Sin embargo, recalcó que “no podemos estar hipotecando el futuro, hipotecando la jubilación”.
Senado no se queda atrás
Más temprano, la comisión de Constitución del Senado también debatió una iniciativa que plantea que los afiliados puedan retirar un porcentaje de los fondos de AFP.
Específicamente, el proyecto establece que el afiliado podrá disponer de todo o parte de sus fondos previsionales, en la forma que establezca la ley, incluso antes de llegar a su edad de jubilacióny que en el caso que se haya decretado un estado de catástrofe, podrá retirar hasta un 10% de sus fondos previsionales, debiendo reintegrarlos posteriormente.
Durante la sesión, el presidente de la comisión, Alfonso De Urresti (PS) le aseguró al resto de los senadores que la propuesta se votará lo antes posible.
“No les quepa duda que le vamos a dar urgencia al proyecto, lo vamos a llevar adelante y vamos a someterlo a votación. Es una iniciativa que enfrenta la urgencia y puede ayudar a miles de personas. Tengo una profunda y ácida crítica contra la industria de las AFP, que ha sido insensible y que ahora en los momentos de los qui hubo, no han tenido ninguna solidaridad”, criticó.
Desde la otra vereda, el senador Víctor Pérez (UDI) advirtió que las únicas que ganarán son las administradoras. “Tal como entiendo el proyecto, las AFP debieran estar muy contentas. En primer lugar, ellas cobran comisión sobre el sueldo. Por lo tanto, la comisión será exactamente igual a pesar que el afiliado va a tener un monto administrado menor. Segundo, las AFP tienen la obligación de tener un encaje, por lo que este retiro va a reducir el encaje”, espetó.
Por último, el senador independiente Alejandro Navarro advirtió que podría existir la posibilidad de que el Gobierno vetara la propuesta.
“Le quiero pedir a los senadores oficialistas que nos abramos al debate de verdad. Me gustaría haber contado con el patrocinio del presidente Sebastián Piñera, pero al igual que el proyecto de las AFP, habrá un debate en la Sala y es probable que el Presidente recurra al anuncio del veto o el oficialismo recurra al Tribunal Constitucional”, reconoció.
Desde la industria, el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín advirtió sobre la desventaja de que el rescate se planteara como un préstamo. “Si esto finalmente resulta en un autopréstamo y la persona después no quiere pagar ¿quién va a ir cobrar?”, espetó.
Larraín recalcó que las AFP están para rentabilizar los ahorros de los trabajadores, no para dedicarse a hacer gestión de riesgo y de cobranza. “No le pidamos a las administradoras, una función diferente de lo que están haciendo. Es un daño para la relación entre el afiliado y la AFP y para el propio sistema. Una política pública en esta línea lo que hace es ir justo en el sentido contrario de lo que hemos querido avanzar que es mejorar las pensiones”, indicó.
En tanto, la exsubsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara advirtió que el efecto en las pensiones será drámatico y cuestionó que sea en casos de estados de catástrofe.
“No veo adecuado que la medida se active cada vez que se declare algún tipo de estado de catástrofe. Hay que recordar que en nuestro país ocurren con ciertas irregularidades eventos como terremotos o erupciones de volcanes, que hacen que esta herramienta excepcional, se convierta en algo con cierta regularidad”, sostuvo.
Salvador Valdés se suma a debate sobre retiro de fondos de AFP
Un nuevo participante se sumó el debate sobre el retiro de fondos de pensiones para que las personas más afectadas por la pandemia tengan nuevas herramientas para paliar la crisis.
El economista del MIT y académico de Clapes UC, Salvador Valdés, elaboró un documento titulado 'Crédito directo desde el ahorro para la vejez, cuidando la pensión'. La propuesta implica "autorizar a cada afiliado no pensionado a vender parte de sus cuotas en Fondos de Pensiones, para invertirlas en un nuevo 'crédito social directo' a sí mismo".
El documento publicado por T13 fundamenta que "es inversión, porque este crédito debe ser devuelto, pagando interés, con descuentos por planilla por parte de sus empleadores en sus futuros ingresos laborales formales", a lo que se agrega que "este crédito no tendrá limitaciones en su destinación y no recibirá subsidios del Estado".
La idea es que no haya tope expresado como porcentaje del saldo, pero recomienda que, con el fin de "proteger a los afiliados-deudores", la ley limite el descuento por planilla de este crédito a 10%, aunque las personas también podrían solicitar cifras menores.
En cuanto al plazo para devolver el préstamo, el economista de Clapes UC sugiere que la ley fije un plazo máximo, dando como ejemplo 38 meses y cuatro de gracia, pero acota que en una emergencia sanitaria, "este plazo puede ser aumentado después de otras medidas, como abrir el seguro de cesantía a las jornadas parciales".
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