Lo hizo otra vez. En fallo unánime, la Cuarta Sala de la Corte Suprema volvió a plantear que los fucionarios públicos pueden recurrir a la justicia por vulneración de derechos, contradiciendo nuevamente lo planteado por el Tribunal Constitucional.
Esta vez, la historia involucra a dos exfuncionarios de la Municipalidad de San Felipe, quienes luego de ser desvinculados interpusieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo de dicha comuna una denuncia por vulneración de derechos fundamentales en contra del municipio, señalando que “la desvinculación fue discriminatoria y vulneratoria del derecho de no discriminación”.
El municipio contestó, solicitando el rechazo de la denuncia. Sin embargo, la justicia de primera instancia desestimó la respuesta y acogió la denuncia, declarando que el municipio vulneró el derecho fundamental a la no discriminación y ordenó pagar las respectivas indemnizaciones.
Pero el gobierno comunal no se detuvo allí y presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cual fue rechazado.
Ante esto, el municipio decidió cambiar de estrategia y presentó un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, que lo acogió argumentando que los artículos 1° inciso tercero y 485 del Código del Trabajo -que consagran la figura de la tutela laboral-, son inaplicables a los funcionarios públicos por ser contrarios a la Constitución.
El municipio, además, ingresó a la Suprema un recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando dejar sin efecto lo planteado por la Corte de Apelaciones.
Sin embargo, el máximo tribunal le dio la razón a los trabajadores, señalando que la sentencia de inaplicabilidad del TC “carece de eficacia en el caso concreto en que se pronuncia”, porque esta “no contempla la posibilidad de dictamen sobre el fondo del asunto pendiente”.
En el fallo, los ministros de la Suprema señalan que de casos como este surge el problema “irredimible” de la existencia de un fallo que declara inaplicables normas legales para los funcionarios públicos, pero que al mismo tiempo no aborda “la inexistencia de un ámbito procesal que permita, en la práctica, concretar dicha declaración”.
Este no es el único fallo en el que la Suprema contradice al TC: este año en -al menos- tres fallos el máximo tribunal ha ratificado el derecho de los funcionarios públicos de recurrir a la justicia tradicional.
Cabe señalar que a inicios de noviembre la Corte Suprema entregó sus apreciaciones sobre el proyecto de ley que busca zanjar la discusión respecto de si los funcionarios pueden o no recurrir a la justicia. La propuesta está aún en tramitación en el Congreso.
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