“Seguimos comprometidos en ampliar, con recursos de la reforma tributaria tal como lo anunciáramos el 8 de marzo pasado, el derecho a sala cuna para todas y todos, eliminando la discriminación de género que hoy afecta a las mujeres. Trabajo y familia no se pueden contraponer: en eso también consiste el trabajo digno y decente”.
Esas fueron las palabras del Presidente de la República, Gabriel Boric, en su cuenta pública de junio pasado, en la cual ratificó el compromiso de su administración con este objetivo. Y si bien con el transcurso de los meses no se ha visto mucho movimiento en torno al tema, al interior de la cartera liderada por Jeannette Jara activaron todo un trabajo para recopilar antecedentes e insumos para preparar la discusión.
De hecho, la Subsecretaría del Trabajo -liderada por Giorgio Boccardo- se ha enfocado en los lineamientos de lo que será el proyecto de ley. Y, de acuerdo a conocedores del tema, se está trabajando en más de una propuesta, y con más de una fórmula de financiamiento.
¿La razón? El futuro del proyecto depende del desenlace que tenga la discusión en torno al pacto fiscal, liderada por el Ministerio de Hacienda, por lo que las propuestas en elaboración contemplarían diversos modelos de financiamiento, los que dependerán de los recursos que se logren obtener a través de dicha política pública.
“Hay varios planes sobre la mesa, escenarios con un pacto fiscal acotado y otros más expansivos”, dice un conocedor.
El aporte académico
De forma simultánea a este trabajo, además, recientemente la subsecretaría firmó un contrato con la Universidad Católica para que elabore un estudio sobre los determinantes culturales del uso de sala cuna y la participación laboral de madres vulnerables del Gran Santiago.
“Este estudio busca producir información que sirva de insumo para futuras políticas de ampliación de servicios de sala cuna y sus modelos de implementación”, dice el contrato firmado entre la subsecretaría y la UC.
En el detalle, la autoridad solicitó a la casa de estudio indagar en la relación entre la disposición al uso de salas cunas y la participación en el mercado del trabajo, con los discursos y efectos sobre los cuidados y el trabajo remunerado en el caso del grupo de mujeres que se han mostrado como las más resistentes a los impactos que buscan las políticas de ampliación de cobertura y accesibilidad de salas cunas: las madres con hijos de 0-2 años vulnerables, de quintiles 1 y 2, y con nivel educativo entre primaria nivel 2 (8vo básico) hasta secundaria (media completa).
De hecho, el contrato menciona que diversos estudios han evidenciado que las madres que no trabajan tienen menores probabilidades de enviar a sus hijos a salas cunas que las que sí trabajan, y además, también habría una correlación entre la escolaridad de la madre y la asistencia a salas cunas.
“Las madres con educación básica o menos envían a sus hijos a salas cuna con una frecuencia que es 17 puntos porcentuales inferior a la asociada a las madres universitarias. Asimismo, tienen una probabilidad de trabajar que es 47 puntos porcentuales inferior a las madres universitarias”, menciona el contrato.
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