Nuevamente sale a la palestra la necesidad de ampliar las atribuciones del Banco Central para que pueda adquirir la deuda emitida por el Estado. Con la premisa de que la intervención sea en casos excepcionales y que la decisión no recaiga en el gobierno de turno los exministros de Obras Públicas, Sergio Bitar y de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre junto al senador PPD Felipe Harboe y a José Antonio Ramírez, vuelven a hablar sobre esta opción.
En una carta publicada hoy en El Mercurio, señalan que la anormal situación que vive el país en medio de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19, justificaría un intervención por parte del ente emisor en la línea de poder financiar directamente al Estado o bien comprar bonos de su emisión en el mercado secundario.
Con ello se suman al debate que ha generado el permitir estas acciones a través de un cambio en la Constitución. Un punto sobre el cual, el presidente de la entidad, Mario Marcel ha fijado su postura al cerrarle la puerta al financiamiento directo, pero no así a la compra de bonos en el mercado secundario. En tanto, el Gobierno se ha manifestado contrario en avanzar sobre este debate.
En cuanto a la decisión de la acción directa, los firmantes de la carta, manifiestan que si correspondiera al gobierno adoptarla, ello limitaría la independencia del Central, por lo tanto apuntan a que sea el consejo de la misma entidad quien resuelva en virtud de cumplir con los objetivos de la institución.
“Vivimos tiempos de alarma, de situación extrema, que amerita ocupar todos los instrumentos financieros de que dispone el país, garantizando, eso sí la gestión presupuestaria sostenible, proba, transparente, racional y planificada; principios que subyacen en los valores constitucionales de un Estado Social y Democrático de Derecho”, comentaron en la misiva.
En el contexto en que el país enfrenta “calamidades públicas” que en definitiva permitieron que se decretara Estado de Catástrofe, autorizando con ello “medidas que alteran la institucionalidad regular vigente y los derechos fundamentales de las personas (traslación, reunión, propiedad)”, argumentan que este mismo criterio de “admisibilidad excepcional” ampararía la interpretación para que el instituto emisor pueda “socorrer” a la economía, ya sea comprando documentos o garantizando créditos estatales.
“Planteamos que la adquisición por parte del Banco Central de documentos públicos en el mercado secundario es una atribución necesaria, común en numerosos países, y conveniente para el funcionamiento de la política monetaria en circunstancias críticas”.
Agregan que la prohibición que limita estas atribuciones al ente rector “no solo es innecesaria” para cumplir sus objetivos, sino que además resulta a la luz de la situación actual “inconveniente para el eficaz cumplimiento” de sus propósitos.
Respecto a la posibilidad de un financiamiento directo hacia el Estado, señalan que debería ser en casos “extremos en que los papeles públicos simplemente no estén disponibles en el mercado y el Fisco esté carente de liquidez”. Ante esto advierten que “será necesario calificar con rango constitucional las circunstancias extraordinarias en que tal compra pudiera proceder”.
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