Algo más de dos meses lleva Javier Etcheberry liderando el Servicio de Impuestos Internos (SII) en calidad de subrrogante, en paralelo a su postulación a la titularidad del organismo vía concurso en Alta Dirección Pública (ADP).
En el período, ha definido con claridad sus prioridades: apoyar en la tramitación en el Congreso del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes; reducir la evasión y la elusión; hacer frente a la informalidad; y combatir las mafias y el crimen organizado que utilizan actividades económicas lícitas para ocultar sus ingresos y reducir su carga tributaria.
Justamente, en este último punto, el ingeniero realizó en las últimas horas una reorganización clave en la entidad. El miércoles, publicó la resolución exenta N° 90, que crea la nueva Oficina de Crimen Organizado, con foco en combatir a los grupos que se dedican a las actividades ilícitas y cuya acción erosiona las finanzas públicas.
¿Por qué una nueva unidad?
En el documento, el ejecutivo explica las razones para crear esta nueva unidad, argumentando que para los grupos delictivos organizados la generación de ingresos es un “objetivo clave”, ya que el financiamiento permite que subsistan sus redes delictivas y obtener riqueza, “que emplean para corromper y cooptar a rivales, facilitadores y funcionarios públicos en general”.
“De esta forma, la financiación es indispensable para apoyar y mantener el mando y el control, el personal, las armas, las comunicaciones, la logística y las operaciones de los grupos delictivos organizados. Por esta razón, seguir el rastro del dinero y desmantelar los flujos financieros ilícitos es una herramienta indispensable para inhabilitar a esos grupos”, explica Etcheberry en la resolución.
Otro argumento es que en los mercados ilícitos más comunes, asociados al crimen organizado, se generan diversas formas de obtener ingresos para su funcionamiento, con una “evasión sistemática de impuestos, ocultación de ingresos y capitales no declarados, ingresos ilegales, todo lo anterior generando una pérdida de ingresos fiscales, por lo que el control de la tributación mediante toda clase de acciones de fiscalización resulta indispensable”.
Así, la autoridad señala que la idea de crear esta unidad es también para aumentar la coordinación con otros organismos del Estado para combatir el crimen organizado.
Las funciones
La nueva oficina y su jefatura dependerán directamente de la dirección nacional del SII y entrará en funciones el próximo 1 de octubre.
Según la resolución, la oficina será responsable de coordinar, cooperar y colaborar de manera “eficaz y eficiente” a nivel interno y con otros organismos públicos, en el análisis, detección y entrega de información para el combate en contra de delitos relacionados con el fenómeno de la criminalidad organizada.
Tendrá 14 funciones específicas, destacando por ejemplo que deberá identificar, analizar y monitorear sectores de la economía o tipos de contribuyentes que se encuentren “mayormente expuestos” al riesgo de ser utilizados por el crimen organizado.
Asimismo, diseñar y utilizar herramientas e instrumentos de análisis de datos que permitan detectar y denunciar oportunamente eventuales delitos relacionados con el crimen organizado que se constaten en el transcurso de las actuaciones de fiscalización y/o de recopilación de antecedentes.
También estará encargada de colaborar y participar con las fiscalizaciones documentales o en terreno, que sean necesarias en el ámbito tributario, y que permitan incorporar elementos para identificación de actividades vinculadas con el crimen organizado.
A su vez, la nueva oficina deberá realizar acciones en coordinación con dos de las subdirecciones claves del SII: la Jurídica y la de Fiscalización.
Otra facultad será mantener vínculos de coordinación y colaboración con el Departamento de Crimen Organizado de la Subsecretaría del Interior, o el que se defina para estos efectos a nivel del Estado, el Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio Nacional de Aduanas, las policías y otros organismos públicos que tengan participación en la política nacional contra el crimen organizado.
También podrá asesorar a los funcionarios del SII en la presentación de denuncias por delitos relacionados al crimen organizado, así como a las direcciones regionales y la Dirección de Grandes Contribuyentes del servicio.
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