Una serie de advertencias planteó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ante la comisión especial mixta de Presupuestos este martes.
Como parte de un detallado informe, precisó que se han “materializado” los riesgos fiscales que anticiparon, como la menor actividad minera, una “débil” reactivación económica, bajos precios del cobre y del litio y más presiones de gasto, “las cuales podrían repetirse en 2024”, dijo el presidente del CFA, Jorge Rodríguez Cabello.
Y aunque ven que el ajuste fiscal de 2022 y el “acotado gasto” de este año ayudaron a contener la inflación y recomponer los desequilibrios macroeconómicos derivados de la pandemia, estiman “que la tarea aún no está completada y que existen riesgos para las finanzas públicas”.
Para enfrentarlos, consideran necesario que Hacienda “retome la senda de convergencia y no postergue el esfuerzo fiscal remanente para fines de la presente administración”, afirmó Rodríguez.
Los retos futuros
El CFA, que también integran Hermann González, Jeannette von Wolfersdorff, Aldo Lema y Marcela Guzmán, apuntó a diez riesgos que podría afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas hacia adelante.
El primero es la persistencia de los riesgos financieros a nivel internacional debido a políticas monetarias restrictivas en economías desarrolladas y recortes de tasas en economías emergentes. El segundo es que la incertidumbre en la situación macrofinanciera global y su posible deterioro podrían desencadenar “alta volatilidad, reducción de liquidez y salidas de capitales en economías emergentes”.
Y aunque el Consejo valora la combinación de políticas para financiar gastos permanentes planteadas en la propuesta de pacto fiscal, observa “ciertos riesgos en su implementación”, como la falta de acuerdos políticos o que la recaudación se ubique bajo lo esperado.
La crisis de las isapres y su efecto sobre el gasto fiscal es otro factor.
Un peligro que fue largamente desarrollado en la exposición se relaciona con la disminución de confianza sobre el buen uso de los recursos públicos, lo que puede incidir en una menor “moral tributaria”, que dificulte que el Fisco pueda aumentar su recaudación.
“Cuando los ciudadanos pierden confianza en la correcta gestión de los recursos públicos, esta moral se erosiona, y podría implicar una menor disposición de la ciudadanía y de distintos sectores políticos para avanzar en un pacto fiscal”, señaló Rodríguez.
Esto, dijo, en el marco de casos como el escándalo de los convenios, los que llamó a sancionar y tomar “medidas correctivas para que no se repitan”.
El CFA instó a Hacienda a entregar información “más detallada” de anuncios como el reciente ajuste fiscal y los menores ingresos por US$ 2.500 millones este año.
También reiteró el riesgo de avanzar en descentralización fiscal sin normas efectivas para garantizar la sostenibilidad fiscal agregada; la incertidumbre en los aportes estatales de Codelco por su caída en producción; la incertidumbre sobre los ingresos fiscales del litio y el riesgo de comprometer gastos permanentes con cargo a ellos; las definiciones en materia de institucionalidad fiscal en la eventual nueva Constitución; y el aumento del endeudamiento público que no se refleje en los indicadores, como las acreencias de empresas públicas y con proveedores del Estado.
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