En las últimas semanas, luego que las cifras evidenciaran que el enfriamiento de la economía es más pronunciado de lo esperado y que el mercado ajustara su proyección de PIB para el año a 2,5%, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y sus ministros del área económica han salido a enfatizar que el camino de la recuperación de la actividad debe sustentarse a través de una alianza público-privada.
Incluso, el miércoles el titular de Hacienda, Alberto Arenas, convocó al comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), presidido por Andrés Santa Cruz, donde reconoció que el objetivo crucial del gobierno es levantar las expectativas y que hoy es el momento de profundizar la cooperación entre los actores.
Sin embargo, Santa Cruz adoptó un discurso duro y advirtió que la alianza público-privada no es suficiente para disipar todas las incertidumbres que hay en el entorno.
Dentro del empresariado ven como fundamental que los representantes del oficialismo, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, cambien el foco de su mensaje y muestren un compromiso “concreto” con la inversión y el crecimiento.
“Las incertidumbres que nosotros vemos son los cuestionamientos al sector privado y que se mantengan temas abiertos, como por ejemplo, en materia constitucional. A eso se suman muchas intervenciones de personeros de la Nueva Mayoría cuestionando y denostando al sector privado. Eso, sin ninguna duda, que produce incertidumbre y genera desconfianza”, enfatizó el miércoles Santa Cruz.
El representante del empresariado adelantó, en una entrevista con DF publicada ese mismo día, el mensaje que plantearía a Arenas: “Si no se despejan las incertidumbres, la posibilidad de reactivación se reduce significativamente”.
Dicho discurso ha sido respaldado por los presidentes de otras ramas que componen la CPC, como la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara Nacional de Comercio y la Asociación de Bancos. En la misma línea, ayer el recién asumido timonel de la Cámara Chilena de la Construcción, Jorge Mas, enfatizó que “en nuestra calidad de empresarios, nos preocupa que se cuiden las bases que han permitido el desarrollo del país en las últimas décadas”. Frente al proceso de desaceleración, Mas añadió que esta tendencia va a empezar a cambiar “solo cuando se implementen medidas concretas de reactivación y cuando mejore el clima de confianza público-privada”.
Todos los caminos a Bachelet
En la reunión del miércoles, la CPC notificó al jefe de las finanzas públicas que pedirán una reunión con la jefa de Estado para buscar ordenar el debate.
Trascendió que ya se iniciaron las gestiones para un encuentro en La Moneda, donde la idea es que la mandataria tenga claro la disposición del sector privado a avanzar en un esquema de cooperación entre las partes, pero bajo un entorno de mayores certezas respecto de los cambios regulatorios que se vienen.
Un directivo ligado a la multigremial confidenció que pedirán a Bachelet que el ministro Alberto Arenas asuma la supervisión de todas las reformas que tienen implicancias en el desarrollo económico del país.
El empresariado pide que se reevalúe la anunciada reforma laboral y, a la vez, realizar modificaciones profundas a proyectos que ya están en trámite en el Congreso, como el de polifuncionalidad, la reforma del Sernac y el nuevo Código de Aguas.
Otro de los temas que genera incertimbre en los privados es el debate por la nueva Constitución, el cual a juicio de ellos mantiene el riesgo de convocar a una asamblea constituyente, con la consiguiente amenaza de cambiar radicalmente las reglas del juego.
En la Sofofa, que también es parte de la orgánica de la CPC, han asumido una actitud más pragmática y han afianzado los puentes con Hacienda para influir en las medidas pro crecimiento y en los próximos cambios regulatorios.
También el miércoles, el consejo general de los industriales invitó a Arenas al edificio de la industria y luego de la cita su presidente Hermann von Mühlenbrock respaldó al secretario de Estado, manifestando la disposición de la entidad a trabajar en la alianza público-privada. Un crecimiento del PIB bajo 2,5% este año sugiere la urgencia.
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