Septiembre es un período clave para la agenda del Ejecutivo. No solo por la tramitación de proyectos como la reforma de pensiones y el que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Ni siquiera porque es el mes en que se presenta el Presupuesto de 2025.
No. La razón es que el Gobierno se prepara para presentar un proyecto para reemplazar el actual Crédito con Aval del Estado (CAE), cumpliendo con uno de los principales anuncios de la cuenta pública del pasado 1 de junio.
En La Moneda han transmitido que se buscará reemplazar el actual esquema de créditos para la educación superior, dejando atrás la idea de una “condonación masiva” y priorizando más bien una “solución autocontenida y autofinanciada” para los deudores actuales del mecanismo.
El Gobierno buscará reemplazar el actual esquema de créditos para la educación superior, dejando atrás la idea de una “condonación masiva” y priorizando una “solución autocontenida y autofinanciada” para los deudores actuales.
Rodríguez requirió la serie de amortización e intereses de deuda interna ligada al sistema de financiamiento de la educación superior. También, se piden las cifras de activación de garantías fiscales relacionadas al CAE.
Son varios los actores que miran con atención la inminente discusión. Uno de los principales a nivel económico es el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
Ya desde mayo pasado que el organismo presidido por Jorge Rodríguez Cabello está recopilando antecedentes para el debate, y el pasado 11 de julio remitió un oficio con solicitudes específicas de información a la Dirección de Presupuestos (Dipres).
En el documento enviado a la titular de la Dipres, Javiera Martínez, Rodríguez solicita 13 partidas de datos sobre el sistema CAE y su incidencia sobre distintas variables de las finanzas públicas.
¿La idea? Preparar un informe sobre las implicancias del nuevo sistema en la estabilidad financiera del Fisco, el que promete ser uno de los principales focos de discusión. Estudios como uno elaborado por Horizontal calculan que una condonación total del CAE le costaría al Estado más de US$ 11.000 millones.
Jorge Rodríguez Cabello, presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Javiera Martínez, directora de Presupuestos (Dipres). Fotos: Julio Castro y Rodolfo Jara
Pasivos, intereses y compra de cartera
El set de cifras requeridas engloba el período 2006 -cuando comenzó a regir el CAE- hasta la actualidad.
Así, se solicita la exposición total de pasivos contingentes por garantías del Fisco relacionadas con el CAE.
Adicionalmente, Rodríguez requirió la serie de amortización e intereses de deuda interna ligada al sistema de financiamiento de la educación superior; y las cifras de activación de garantías fiscales relacionadas al CAE.
El stock total de créditos CAE, distinguiendo los que están en poder del Estado respecto de los que están en poder de los bancos, es parte del otro set de números solicitados a la Dipres.
En el oficio, también se pide información sobre el flujo anual de recursos del Estado destinados a compra de los citados créditos, identificando el componente total de sobreprecio pagado respecto de su valor par.
Las estadísticas de recuperación de préstamos CAE y los gastos por aplicación de la Ley N° 21.634 -que redujo la tasa de interés del crédito y estableció mecanismos para reducir la carga financiera de los deudores- fueron otros antecedentes requeridos.
En términos similares, la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda deberá entregarle al Consejo el detalle de los costos de administración del crédito, las pérdidas reconocidas por incobrabilidad de los préstamos, y las tasas de cobranza respecto de la deuda en poder del Fisco.
Estimaciones futuras
La solicitud no solo se relaciona con la entrada en vigencia del CAE en 2006, sino también incluye peticiones sobre escenarios hacia adelante.
Por lo mismo, el CFA pidió a la Dipres las proyecciones de gastos o egresos asociados a cartera CAE entre 2024 y 2028 para la amortización de deuda interna; intereses de deuda interna; recuperación de préstamos; compra de títulos y valores, en la medida de lo posible identificando el componente de sobreprecio respecto de su valor par; y lo que se destinará a la aplicación de la citada Ley N° 20.634.
Por último, el Consejo requirió a Presupuestos informar si existen créditos en poder del Estado que se han reconocido como incobrables y, en caso de existir, explicitar dónde han realizado los registros correspondientes.
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