El ministro Sergio Muñoz jugó un rol clave en el rechazo de la Tercera Sala de la Corte Suprema al estudio ambiental de la termoeléctrica Castilla. Como presidente de la instancia fue protagonista de una polémica que encendió los ánimos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Aunque afirma que no quiere hablar del proyecto de MPX y E.ON, sabe que los cuestionamientos a esa decisión aún siguen latentes y que desde algunas esferas se ligó la sentencia a un eventual freno para el desarrollo de Chile, dadas las necesidades energéticas.
- ¿Qué señal da un país cuando la justicia resuelve todos los problemas, mientras la sociedad civil no es capaz de llegar a un acuerdo?
- La jurisdicción nace porque hay tres formas de resolver los conflictos: la autocomposición, la autotutela y el proceso. Si fracasa lo que yo entiendo que es el aspecto más civilizado, que es la autocomposición, lógicamente que tienen que llegar donde un tercero para que dirima la contienda, porque sino entramos en un punto muerto en que no hay quién resuelva. Si esto se produce a nivel de dos vecinos, de empresas o a nivel de grupos interesados de la sociedad pueden llegar igual a los tribunales. Cuando se habla de judicialización yo tiendo a creer que es a la litigación abusiva en el sentido de que aún cuando no se tenga la razón se fuerce la intervención de los tribunales, pero es lo da la decisión final. No veo inconveniente en que las personas recurran a instancias que el mismo Estado ha regulado para que se ejerzan. Si se crean estas instancias y se critica a la gente porque recurre, por lo menos hay un problema de ponerse de acuerdo en el mensaje. Yo no creo tampoco que los tribunales deban señal de nada, los tribunales deben resolver de conformidad a la justicia y a la ley.
- Pero el principio de la autocomposición que usted menciona, en el caso de los proyectos energéticos está representado por un estudio de impacto ambiental en que se consulta a las comunidades y a las partes interesadas...
- Este es un tema que se discutió en los años ‘50, denominado como la discrecionalidad técnica. A modo de ejemplo, si es posible que un juez disponga que una calle pase por un lugar distinto de donde lo dijo un técnico. Se resolvió que si el juez no tenía la posibilidad de decir que la calle efectivamente debía pasar por un lugar distinto -con todo el acopio de antecedentes-, entonces no se sabía cuál era su competencia. Si él llega al convencimiento que esta es una decisión adecuada la va a corregir, pero generalmente, y este es un principio que se aplica en los tribunales, es que si está dentro de los rangos que son propios de la determinación de la autoridad, los va a acatar, pero si no llega a ese convencimiento los va a modificar.
- ¿Entonces ese convencimiento no estuvo en el caso de la Central Castilla?
- No, no me voy a referir a la Central Castilla. Creo que la Corte Suprema dijo lo que tenía que decir y no voy a entrar en ese caso concreto
- ¿Y como señal al resto del empresariado?
- Lo que he dicho yo en conversaciones con empresarios que han venido incluso del extranjero a hablar conmigo, es que nosotros estamos porque exista desarrollo, vamos a aplaudir el desarrollo, nunca vamos a frenarlo, sería absurdo de nuestra parte y deseamos, instamos y pedimos que exista inversión en el territorio nacional. Pero de la misma manera garantizamos que si es necesario corregir o ver con minuciosidad estos proyectos los vamos a estudiar con toda responsabilidad. Esa es nuestra función, nada garantiza que vamos a resolverlos de manera negativa.
Tribunales ambientales
- En ese sentido, ¿cómo analiza la conformación de los tribunales ambientales?
- La Corte Suprema manifestó su opinión, haciendo una prevención en relación a ella, pero ya pasó la instancia y nosotros estamos deseosos que tenga el mayor éxito que le sea posible y que desarrollen una labor fructífera en favor de la comunidad. Damos nuestro total apoyo a su labor y creemos y hacemos votos porque esto tenga éxito porque el éxito de ellos es el de la jurisdicción ambiental, de la ciudadanía y de Chile. Creemos que no por ser leales en la discusión y expresar nuestro punto de vista vamos a desarrollar una crítica permanente.
- Ha habido críticas por la atomización de la justicia, incluso se ha puesto en tela de juicio el principio de igualdad en el acceso a la ley...
- Lo que estos tribunales especiales afectan es la unidad de la jurisdicción porque creemos que mientras más unívoca, es decir, que en una estructura queden radicados todos los tribunales, se ejecuta mejor el principio de igualdad ante la justicia.
-¿Marca alguna diferencia en la implementación de estos tribunales ambientales si una futura decisión igual llegaría a la Corte Suprema?
- Lo que he dicho en otras oportunidades es que en un sistema jerarquizado judicialmente en que el sistema recursivo deja abierta la instancia para que todas las causas o la mayoría de ellas llegue a la Corte Suprema y en este caso tampoco se ve inconveniente, porque las partes ejercerán los recursos que estimen pertinentes y si le satisface la decisión que han dado los tribunales no va a ejercer ningún recurso (...) Deberíamos estar optimistas porque este tribunal desarrolle su labor y nos oriente en la aplicación de la justicia medioambiental, pero si no le llega ningún caso, también sería absurdo que se generara una instancia a la que no se va a recurrir. Es decir, no se puede hacer un discurso creando un tribunal y después hablar de exceso de judicialización, entonces (el tribunal) era innecesario. Hay una contradicción, una incoherencia en el discurso. Creo que las instancias que se crean son para que las personas tengan mayor acceso a la justicia y no tengo temor a que la gente los ejerza porque para eso están creados.
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