Durante la sesión de la mañana de este martes, la comisión de Economía de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales a la comisión de Hacienda, donde continuará con su primer trámite legislativo.
Ingresada en enero, la iniciativa del Ejecutivo es parte del fast track legislativo y tiene como objetivo reducir en al menos en un 30% en promedio los plazos de autorizaciones de los proyectos de inversión, al abarcar 380 autorizaciones, pertenecientes a 37 servicios y a 16 ministerios.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó que el proyecto es “una transformación profunda del sistema de permisos sectoriales, que implicó la votación de 110 artículos permanentes y en torno a 30 artículos transitorios”.
El mayor cambio que tuvo el proyecto se generó debido a las diferencias con los diputados acerca de la propuesta para crear un Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial, por lo que el Gobierno presentó en julio una indicación para reemplazarla por una Oficina de Autorizaciones Sectoriales.
A diferencia de la propuesta original, esta nueva unidad estaría alojada dentro de la cartera de Economía y se elegiría el mayor cargo a través de la Alta Dirección Pública (ADP), en tanto los demás serían concursables. Además, se incorporaron atribuciones que logren que la institución no dependa del Gobierno de turno.
De esta manera, el proyecto pasa a la comisión de Hacienda de la Cámara Baja y cuenta con urgencia de discusión inmediata.
Los detalles de la iniciativa
Además, el proyecto agrupa a los permisos en cinco categorías, y les asigna tiempos máximos de tramitación a cada uno.
De esta manera, las autorizaciones de administración o disposición no podrán demorar más de 120 días en ser aprobadas; las de localización, 50 días; de proyecto, 50 días; de profesional o servicio, 60 días; de funcionamiento, 25 días, y otras autorizaciones, 60 días.
También, se conformará el Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales (Super), una ventanilla única digital para la información y gestión de autorizaciones sectoriales, que será administrado por la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión.
Asimismo, se propone regular el silencio administrativo, usado por el solicitante cuando transcurre el plazo legal para resolver acerca de una solicitud de autorización sin que el órgano sectorial se pronuncie sobre ella.
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