La arremetida de 42 diputados oficialistas, que llevaron el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales ante el Tribunal Constitucional (TC), deja dudas acerca de qué significa para el proyecto que promete con reducir los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión y que fue despachado a ley la semana pasada.
El abogado del estudio jurídico Palma, Joaquín Palma, indicó que el alcance de la impugnación es “significativo” y que de ser acogida, la reforma perdería herramientas clave como las declaraciones juradas y el congelamiento regulatorio de ocho años.
“Si bien esto podría mantener altos estándares de control por parte de la administración del Estado, al mismo tiempo, volvería menos atractiva la inversión en proyectos en Chile al reinstalar trámites y tiempos que la ley buscaba simplificar”, señaló, agregando que “así, quedaría la Ley de Permisología -votada mayoritariamente a favor durante la discusión en general- convertida en una especie de auto sin motor".
Por su parte, la socia de EELAW, Paulina Riquelme, afirmó que el proyecto que norma los permisos sectoriales no modifica los objetos de proyección ni debilita controles sustantivos, al igual que no se aplica al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ni autorizaciones ambientales.
“Estimo que el requerimiento parte de una premisa equivocada. Desde una lectura técnica y ajustada al contenido efectivo del proyecto, puede advertirse que el requerimiento desconoce el objetivo y alcance real de la Ley Marco de Autorizaciones”, dijo la abogada.
De esta manera, también señaló que la propuesta del Ejecutivo está alineada con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que promueven regulaciones eficaces al servicio del interés público, con el menor costo posible para la sociedad, incluyendo a los regulados.
“Pareciera, en cambio, que a los requirentes no les preocupa que las tramitaciones sean más eficientes y costo-efectivas, incluso para el propio Estado y sus funcionarios. Basta revisar los informes de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), que han evidenciado que la tramitación administrativa de ciertos permisos sectoriales puede demorar varios años”, apuntó.
Los tiempos
El abogado y socio del Grupo Evans, Eugenio Evans, destacó que presentado el requerimiento, el proyecto no puede ser ley mientras esté pendiente la decisión del TC.
Así, la iniciativa podrá variar o ser modificada si es que es acogida o, por el contrario, si es totalmente denegada la impugnación, se convertiría en legislación tal cual fue despachado por el Congreso.
“El proyecto puede ser sustancialmente modificado -por haber sido alguna o varias normas declaradas inconstitucionales- o, por ser rechazado el requerimiento, el proyecto no sufre modificaciones”, explicó.
Mientras que el socio del estudio Mackenna Cruzat, Gonzalo Mondaca, se suma a que mientras no se resuelva el requerimiento, no será posible avanzar hacia la publicación de la ley. Aunque precisa que “la propia Constitución ha previsto que esta clase de requerimientos sea resuelta en un plazo muy breve, de 10 días, prorrogable solamente por motivos graves y calificados, por 10 días más”.
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Amanda Santillán
