Una serie de irregularidades en el traspaso de recursos públicos a organizaciones sin fines de lucro desde las Secretaría Regionales Ministeriales de Vivienda en el marco del programa Asentamientos Precarios de esa repartición, informó el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, ante la comisión de la Cámara de Diputados que investiga el llamado caso convenios.
El personero afirmó que las irregularidades se repiten en casi todas las regiones del país y que la excepción la representa Aysén. Y, por lo mismo, varios casos derivaron en sumarios en la Contraloría y otros antecedentes se remitieron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público.
El contralor precisó que las situaciones que verá el Ministerio Público corresponden a las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.
Estos informes dan cuenta de la investigación en 19 fundaciones entre 2021 al 2023.
Algunas de las irregularidades identificadas son asignación directa de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras sin fundamentación, falta de control y monitoreo oportuno de la ejecución de los convenios, falta de comunicación a las entidades privadas de las objeciones formuladas a las rendiciones de cuenta, falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades convenidas y su falta de experiencia en las iniciativas encomendadas.
Adempas, se constató la falta al deber de abstención y eventual vulneración al principio de probidad en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Maule y Biobío.
En O’Higgins fue con la Fundación Arquiduc; en Biobío, Urbanismo Social y Pro Cultura; y en Antofagasta, Democracia Viva y en el Maule Urbanismo Social.
Frente a todas las anomalías detectadas, Bermúdez indicó que si bien “no nos corresponde decir si hubo un mecanismo, la falta de regulación permite que el virus de la corrupción se pueda propagar”.
En cuanto a los Gobiernos Regionales de Antofagasta, Atacama, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Lagos y Magallanes, se detectó la inexistencia de procedimientos relacionados con transferencias de recursos a fundaciones, corporaciones y ONG.
Desde el Ministerio de Vivienda señalaron en una declaración pública que, desde los primeros días de conocerse el caso convenios, han actuado de manera “seria y proactiva, iniciando investigaciones internas, estableciendo responsabilidades políticas y administrativas, y colaborando con el Ministerio Público, el CDE y la Contraloría”, además de emprender todas las acciones que dispone la institucionalidad para impedir que los recursos destinados a las familias que viven en campamentos se deriven para otros fines.
Recordaron que ya se ha solicitado “la renuncia a dos autoridades regionales en Antofagasta y Maule, respectivamente, así como a nivel central, además de iniciar investigaciones amplias y sumarios en distintas regiones del país”.
Escándalo en El Maule
Pero la guinda de la torta de esta sesión fue en el marco de la fiscalización de la Contraloría a las transferencias de los gobiernos regionales (GORE).
El contralor aseguró que en esta fiscalización se detectó una transferencia entre el Gobierno Regional del Maule, en la que realizado el contrato entre el GORE y la Fundación Urbanismo Social, una autoridad regional supeditó la entrega de la información sobre la ejecución del proyecto a que se contratara a determinadas personas. De hecho, en la comisión Bermúdez aseveró que “eso ya está acreditado en el informe, lo que no está acreditado es la responsabilidad. Pero el hecho objetivo está acreditado con distintos medios de prueba y este informe del Gobierno Regional del Maule se fue al Ministerio Público también, porque da cuenta de un tráfico de influencias muy indebido. Y la Contraloría va a iniciar un sumario administrativo por lo mismo”.
Según algunos parlamentarios de oposición las personas cuya contratación estaría ligada al Partido Demócrata Cristiano (PDC).
En este sentido, concluida la sesión de la comisión investigadora, el diputado Jorge Guzmán (Evopoli) se explayó sobre la denuncia del contralor, asegurando que en ella existen antecedentes que son “constitutivos de delito”, ya que según detalló “lo que hizo la gobernadora regional de El Maule fue entregarle a (la fundación) Urbanismo Social a dedo, discrecionalmente, sin concurso, $ 265 millones; pero lo más grave es que posteriormente a quien le hace entrega de los recursos, no le entrega información de la ejecución del proyecto, condicionandolo a la contratación de personas que son afines políticamente a la gobernadora regional, a la Democracia Cristiana. Y que, además, son parientes de funcionarios de responsabilidad importante dentro del gobierno regional”.
Por su parte, a la salida de la comisión el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma acusó la existencia de “un modus operandi para defraudar al Fisco”; algo que los diputados opositores intentaron que señalara el contralor, pero que este se resistió a decirlo así, puesto que la investigación de delitos le corresponde al Ministerio Público, hacia donde el órgano fiscalizados ha remitido la información que da cuenta de irregularidades. Y el diputado del PPD Raúl Soto, aseguró que los antecedentes entregados por el contralor “hablan de un escándalo nacional”, aludiendo a que en 15 regiones se hayan encontrado irregularidades y en “11 de ellas de tal gravedad que los antecedentes tuvieron que ser enviados al Ministerio Público”.
Según Soto la corrupción se ha “enquistado” en el Estado y se arrastra desde hace años, afirmando que la investigación cubre desde el año 2021.
Tras participar en la sesión de este jueves, Bermúdez repitió a la prensa sus hallazgos y enfatizó la necesidad de una “ley marco de transferencias” que las regule.
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