La ciudadanía está inquieta por los delitos y así lo evidencian encuestas y datos: en el segundo trimestre del año, los casos policiales por robos con violencia o intimidación (RVI) saltaron 102,5% frente a igual período de 2021, y desde el primer cuarto subieron 14,3%.
El centro de Estudios Horizontal decidió abordar el tema desde lo económico, ya que “la delincuencia no es solo un fenómeno social, sino que afecta todas las dimensiones económicas del país”, afirma la investigadora Carmen Cifuentes.
Usando datos trimestrales de crecimiento y los casos policiales por RVI por región, la autora encontró que un alza de 1% en la tasa de estos casos se correlaciona con una disminución de 0,06% del Producto Interno Bruto (PIB).
A partir de esto, estimó que si la tasa se mantiene similar a la registrada entre el primer y segundo trimestre (14,3%), la pérdida anual del PIB nacional asociada al alza de estos delitos sería de US$ 2.065 millones, o sea, 0,9% del Producto.
Cifuentes afirma que el costo de oportunidad “es alto”, y cuenta que ahorrar esa pérdida equivale a erradicar un tercio de los campamentos del país al año -que albergan a 26.100 familias-, o construir una línea de Metro similar a la futura 7.
Entre el primer y segundo trimestre, en 12 de las 16 regiones subió la tasa de casos policiales por RVI. Los más altos se registraron en Los Ríos, Arica y Parinacota y Magallanes, de la mano de la más amplia caída del PIB. Pero, en Atacama, Valparaíso, Los Lagos y Aysén disminuyeron.
Múltiples efectos
El estudio plantea que la delincuencia “no solo provoca pérdidas en los ingresos de las personas afectadas, sino que también erosiona la sensación de seguridad, cohesión social y confianza en las instituciones y, con ello, afecta las decisiones de inversión y la asignación eficiente de recursos, tanto privados como públicos”.
Por los costos sociales y económicos que genera, “el crimen actúa como un impuesto sobre toda la economía de un país, pues desincentiva las inversiones directas, nacionales y extranjeras, al mismo tiempo que reduce la competitividad de las empresas.
El análisis concluye que las decisiones de política pública sobre seguridad deben incorporar lo económico, y que se deben destinar más recursos al tema. En 2014, la mediana del gasto per cápita en seguridad por paridad del poder adquisitivo en la OCDE era un 66% superior a la de Chile, y hasta 2021 el ítem aumentó un 1,8% en el país.
Pero solo invertir no sería suficiente. “Es determinante que los recursos se gasten de manera eficiente, y que mejore la efectividad de las instituciones encargadas de combatir la delincuencia”, se lee. Y, “se requiere un consenso político de que la seguridad pública debe ser una prioridad nacional”, de la mano de “un plan nacional para abordar de manera integral este fenómeno, con recursos a la altura del desafío que conlleva”.
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