Delitos económicos: los fundamentos del TC para dar luz verde a control de constitucionalidad y dejar norma en condiciones de ser promulgada

El pleno del Tribunal Constitucional dio a conocer el contenido del control de legalidad del proyecto de ley de delitos económicos, el cual sistematiza también los atentados contra el medioambiente y extiende la responsabilidad de las empresas a las personas jurídicas; dejando constancia que cumple con la Constitución de tal forma que el texto aprobado por el Congreso queda en condiciones de ser promulgado por el Presidente de la República en los mismos términos que fue despachado por el parlamento.

Artículos analizados

Algunas de las normas analizadas y declaradas como ajustadas a la Constitución, según explicó el TC, se refieren al artículo 42 sobre medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público al juez competente para asegurar activos patrimoniales con el fin de hacer el comiso de ganancias; y el artículo 47, donde se establece que para la identificación de los bienes del responsable, el Ministerio Público, a solicitud del Consejo de Defensa del Estado, estará facultado para requerir la información pertinente del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, así como de bancos, instituciones financieras, compañías de seguros y personas jurídicas sujetas a su fiscalización. 

Y también se analizó al artículo 49 sobre ejecución del comiso de ganancias en lo referido a que “toda sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del delito será ejecutada como decisión civil dictada por un tribunal con competencia en lo penal. Si los bienes decomisados son dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al Fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al Fisco”.

De todas formas el TC señala que el artículo 47 “se declarará conforme con la Constitución, en el entendido de que la atribución del Ministerio Público contemplada en tal disposición no exime al persecutor de la obligación de solicitar autorización judicial en caso de que la información requerida pueda, eventualmente, vulnerar garantías fundamentales”.  

También fundamenta que el artículo 50, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, “es constitucional únicamente en cuanto éste no resulta aplicable a las universidades del Estado”. 

Reacciones

El ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó luego de conocer la decisión del TC, que “el Ejecutivo siempre ha tenido una sola opinión al respecto, considera que esta es una gran ley, una de las reformas más importantes al Código Penal desde su dictación que ha contado con apoyo transversal en el Congreso y por eso creemos que es una herramienta para combatir los márgenes de impunidad que se tienen en este tipo de delitos”, recordando que lo que queda ahora es la promulgación y luego su implementación.

En tanto el senador Matías Walker (Demócratas), uno de los autores del proyecto, indicó que “el TC declaró absolutamente constitucional el proyecto de delitos económicos, a pesar del téngase presente de la CPC y de una reserva de constitucionalidad de un diputado del Partido Republicano que intentaron que no fuera ley; ahora queda solo esperar su pronta promulgación”.