Rusia no es sinónimo del presidente Vladímir Putin, ni de su partido Rusia Unida, ni de Yevgeny Prigozhin, presidente de una empresa militar privada que se ocupa de los deseos del Kremlin en Siria y Ucrania Oriental. Más precisamente, Rusia encarna a sus 146 millones de ciudadanos, cuya mayoría desea vivir en un mundo civilizado y en un país donde la libertad y los derechos humanos sean respetados y defendidos por instituciones independientes y creíbles.
La verdadera voz de Rusia a menudo es desoída, tanto dentro del país como en el extranjero. Los observadores externos pueden creer que el gobierno actual tiene el apoyo de la población, pero no es este el caso. Las masivas protestas del verano pasado en Moscú y otras ciudades muestran que, aunque el poder formal continúa en manos de Putin y su partido, los rusos están listos para afirmar sus derechos y exigir la democracia.
En el escenario mundial, Putin afirma falsamente que libra sus guerras híbridas en nuestro nombre. Sin embargo, nunca hay una declaración formal de guerra. Y el Kremlin niega constantemente que esté realizando operaciones militares en Ucrania, porque sabe que la presencia militar rusa en Dombás y Crimea es ilegal.
El propio régimen de Putin puede entenderse como un híbrido. Formalmente, Rusia tiene una constitución que garantiza el estado de derecho, respeta la separación de poderes, establece un sistema judicial independiente y confiere la autoridad máxima al pueblo. Pero, en realidad, el pueblo ruso no tiene influencia sobre las autoridades, todos los poderes del gobierno responden a Putin y su círculo íntimo.
Asimismo, aunque Rusia tiene elecciones formales, los representantes políticos en los niveles federal y regional son seleccionados por el régimen. A nivel local, las decisiones son tomadas por los gobernadores regionales que, en última instancia, dependen de la administración central. Cuando es necesario, el régimen recurre a diversos métodos para evitar la competencia genuina en las elecciones: prohibiendo las postulaciones de los candidatos de la oposición, bloqueando la cobertura de las campañas de la oposición en los medios y participando directamente en el fraude electoral.
Veamos el caso del abogado anticorrupción Alexéi Navalni. En marzo de 2018, Navalni era el líder real de la oposición democrática rusa, pero le impidieron que se presentara a las elecciones presidenciales y Putin ganó fácilmente la reelección entre candidatos elegidos por el Kremlin.
En las elecciones regionales que se celebraron más tarde ese año, un masivo voto de protesta señaló la insatisfacción de los rusos con el régimen. Muchos de los candidatos a gobernador de Rusia Unida —especialmente quienes aparecieron en fotos estrechando la mano de Putin antes del día de las elecciones— fueron derrotados en forma aplastante, a pesar de contar con todos los recursos administrativos y de propaganda del Estado. En la región de Vladímir, la titular Svetlana Orlova, de Rusia Unida, perdió frente a Vladímir Sipyagin, del Partido Liberal-Demócrata (PLDR). Cuando fueron consultados por los periodistas sobre el motivo de su voto, muchos respondieron que ni siquiera conocían a Sipyagin; solo querían «alguien que no fuera Orlova».
Este año, las autoridades «corrigieron» sus «errores» electorales previos con la simple proscripción de los candidatos de la oposición en favor de la democracia, especialmente en las regiones difíciles. En algunos casos, incluso proscribieron a candidatos indirectos o «de bolsillo» de la oposición (aquellos de partidos con escaños en la Duma, que tácitamente contaban con el visto bueno del Kremlin), en regiones remotas como Transbaikalia. Sin embargo, en las elecciones para la Asamblea Legislativa del territorio de Jabárovsk, donde los candidatos indirectos pudieron presentarse, el PLDR venció a Rusia Unida.
Yo mismo me presenté en las elecciones para la Duma de la ciudad de Moscú, en las que candidatos independientes y elegidos democráticamente fueron proscritos con base en acusaciones absurdas fabricadas, como las de falsificar firmas en las peticiones para calificar para la votación. De hecho, recibimos significativo apoyo de nuestros potenciales electores y apelamos estas decisiones ilegales en los tribunales. Pero, como el poder judicial también está bajo el control del Kremlin, no se hizo justicia. Cuando les negaron los representantes electos que preferían, decenas de miles de moscovitas salieron a las calles.
Las autoridades reaccionaron a estas protestas con una ola de represión, detuvieron a varios miles de personas y presentaron denuncias penales contra los grupos prodemocráticos. Llevaron a cabo inspecciones nocturnas en nuestras casas y docenas de personas fueron enviadas a la cárcel. La Fundación Anticorrupción, una organización independiente, fue declarada agente extranjero y congelaron nuestras cuentas bancarias. A fines de julio, Navalni fue envenenado con una sustancia desconocida mientras cumplía una detención administrativa de 30 días.
Putin estaba tan asustado de las elecciones en Moscú que aplicó todo el poder de los tribunales, la policía, los fiscales, el ministerio de justicia, el Roskomnadzor (ente oficial de censura) y otros recursos para desbaratar la oposición democrática. El motivo de este intenso esfuerzo es obvio: una victoria de la oposición en la capital hubiera destruido el mito de que los rusos realmente apoyan a Putin y su partido, y que la oposición democrática representa tan solo una pequeña parte de la población, en su reclamo de legitimidad, y las otras regiones en toda Rusia hubieran tomado nota de lo que ocurría en la capital.
El Kremlin no podía permitir un antecedente tan peligroso. Putin quiere que el mundo piense que representa a los rusos, pero no hay evidencia más convincente de que su poder descansa en una mentira, que su violenta campaña contra aquellos rusos que exigen que sus representantes puedan poner ese poder a prueba en elecciones libres y justas. 
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