Por Natalia Godoy
El 29 de septiembre de este año los accionistas minoritarios, representados por los abogados Luis Villarroel y Bárbara Salinas, llegaron hasta al Segundo Juzgado de Garantía de Santiago para ampliar las querellas en la causa de La Polar. Esta vez en contra del ejecutivo y socio de la auditora externa PWC Luis Alejandro Joignant y quienes trabajaron con él auditando los estados financieros de la multitienda.
Pero eso no fue todo. Esta acción judicial generó coletazos inmediatos en el mercado a raíz de una diligencia adjunta en la querella.
A partir de ella, en noviembre, el Ministerio Público solicitó a la Bolsa de Comercio enviar un oficio a todas las corredoras de bolsa solicitándoles que informaran los movimientos realizados con sus carteras propias y las de terceros.
Esto porque Villarroel y Salinas solicitaron al Tribunal acoger la diligencia en la que piden un informe diario de la cartera propia de acciones de La Polar que tenían Banchile, Celfin, LarrainVial, Security, BBVA y BCI entre 2003 y julio de 2011. Así como también un informe con la custiodia diaria de acciones de la compañía, que las mismas corredoras disponían por cuenta de terceros entre dicho periodo.
¿El motivo? Los accionistas minoritarios señalaron que las corredoras de bolsa que intermediaban la compra o venta de acciones de La Polar promovieron la compra de papeles de La Polar, situándolas en los más altos lugares de los rankings de rentabilidad. En paralelo, los inversionistas minoritarios solicitaron al tribunal esta información a fin de que el Ministerio Público contraste dichas recomendaciones a clientes con los movimientos que los intermediarios hicieron con su cartera propia.
¿Qué información manejaba el mercado antes de junio?
En las declaraciones a la Fiscalía el ex presidente y gerente general de la compañía, Pablo Alcalde, señaló que se habría juntado con los bancos y las entidades financieras a comienzos de este año para explicarles el aumento en las provisiones de 13% a 16%, por lo que se vendrían tiempos díficiles, pero que en un plazo aproximado de 18 meses la situación mejoraría.
Con esto el interés del Ministerio Público radicaría en la necesidad de conocer cuánta información sobre el real estado financiero de la compañía tenían las corredoras antes de que se destapara el escándalo el 9 de junio de este año. Además de comprender en mayor detalles las operaciones de los ex ejecutivos.
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