A pesar de que nadie sospechaba la magnitud del escándalo, casi tres años antes la información financiera en La Polar ya comenzaba a levantar cuestionamientos en algunos agentes del mercado.
Esto relacionado principalmente a la calidad de la cartera de créditos, provisiones y morosidad de la compañía en ese entonces presidida por Pablo Alcalde, junto a la liquidez y solvencia de ésta.
Así consta en los mails enviados por algunos operadores e inversionistas a Fitch Ratings, en los que hacen patente sus dudas respecto de algunos informes, e incluso inconsistencias en algunos de ellos, como en el caso de un correo con fecha 10/09/2008, en el que Andrea Jiménez, analista de dicha clasificadora, reconoce que “claramente hay una inconsistencia que vamos a corregir en el informe (…) Esto sucede porque las empresas presentan su información con sus propios criterios, lo que a veces, como en este caso, crea confusión. Sin embargo, para efectos de análisis y para comparar las carteras con otros retailers del mercado, hay que considerar la cartera bruta total SIN (sic) los flujos por cobrar del bono subordinado.
Esto, porque esas cuentas no son cartera de la empresa, esos activos forman parte del patrimonio separado de la securitización y por ende, la empresa sólo recibe flujos del bono subordinado que compró. Por lo tanto, si se quiere analizar la estructura, el riesgo, etc., del total de colocaciones, hay que tener cuidado en no incluir esas cuentas”.
Poca información
Insistentes. Así tenían que ser, por lo general, las clasificadoras para que tanto Santiago Grage como Julián Moreno les entregaran la información relacionada a la cartera de crédito del retailer. A modo de ejemplo, según consta en los mails del 12 de julio de 2008, a pesar de que Fitch envió un amplio cuestionario a ejecutivos para así poder realizar los informes, la empresa dejó de contestar justamente lo relativo a estructura de la cartera por mora, provisiones, repactaciones, castigos, metodología de scoring, entre otros ítems relacionados a créditos.
Uno de los datos que llama la atención es que el 12 de julio de 2010, Santiago Grage envió a analistas de Fitch datos sobre la cartera de préstamos, en los que detallaba que el 89% de ésta se encontraba al día. Durante la jornada siguiente, las analistas pidieron realizar un “conference call“ para que “aclaremos algunas dudas de la compañía y la cartera de colocaciones”.
Diligencias UAF
La otra investigación que corre de forma paralela a la que está llevando la Fiscalía Centro Norte, es la de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por el posible delito de lavado de activos que habría realizado Pablo Alcalde, quien manejaba su patrimonio principalmente a través de LarrainVial.
Según comentaron fuentes conocedoras de las diligencias, éstas se han concentrado en las operaciones que realizó el ex presidente de la multitienda después de conocido el escándalo de las repactaciones unilaterales y “maquillaje” de estados financieros, es decir, después del 9 de junio de 2011.
La razón estaría en el hecho de que el banco de inversiones no habría informado a la UAF los movimientos financieros que ejecutó Alcalde que podrían haber sido considerados “sospechosos” bajo el criterio de la unidad encabezada por Tamara Agnic.
Cabe recordar que la UAF lleva cerca de un mes investigando los documentos del ex ejecutivo en las mismas oficinas de la institución financiera.
Por otro lado, la fiscalía sigue llamando a declarar a ejecutivos bancarios, notarios y contadores relacionados con el caso para poder establecer la base del delito de lavado de activos, el que fue desestimado por la jueza a cargo, María Verónica Orozco, en la jornada de formalización de Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno, de diciembre pasado.
De esta forma, una vez que parta el juicio oral, que se estima será en prácticamente un año más, volverán a presentar los cargos en contra de los ex ejecutivos.
Por otro lado, aún se encuentran a la espera de los informes encargados al Servicio de Impuestos Internos.
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