Casos como La Polar, Enersis y las Cascadas han hecho que los gobiernos corporativos hayan sido objeto de cuestionamientos durante los últimos encuentros empresariales.
Luis Hernán Paúl, directo rde empresas y del Centro de Gobiernos Corporativos de la PUC es enfático al indicar que estos tres casos son diferentes.
-José Antonio Guzmán indicó que Cascadas, Enersis y La Polar son muestras de “gobiernos corporativos deplorables” ¿Comparte el diagnóstico?
-Comparto el argumento que los casos planteados representan fallas de gobiernos corporativos, que provocan daños a la imagen y confianza en las empresas privadas, y que es importante que los empresarios se opongan públicamente frente a las malas prácticas. Lo que sí creo que le faltó a Guzmán fue advertir que estos tres hitos son muy distintos y que las responsabilidades de los directores y ejecutivos involucrados difieren de caso en caso.
- En la misma línea que Jorge Carey, quien indicó que eran distintos.
-Estoy de acuerdo en hacer la distinción entre La Polar y Enersis, pero no en el planteamiento de Carey en relación a que el directorio de la eléctrica actuó correctamente al inicio. La Polar es claramente el caso de un gran fraude que es inaceptable y la única duda en mi opinión es sobre el grado de responsabilidad que le cabe a los involucrados. Claramente, es mucho mayor la responsabilidad de aquellos que realizaron el fraude y se beneficiaron en algún momento -básicamente algunos ejecutivos- en comparación de la de los directores cuya diligencia expost ha sido cuestionada, los cuales no se beneficiaron. Pero Enersis, por su parte, es muy distinto.
-¿Por qué?
-Primero porque se trata de una operación que en el origen era legítima, ya que tenía valor estratégico para la compañía. La dificultad estaba en los términos de la operación y ahí creo es donde falló inicialmente el directorio al no tratarla como una operación que presentaba para la mayoría de los directores un fuerte conflicto de interés y que requería, por tanto, ser tratada como una transacción relacionada, lo cual en Chile significa que requiere ser evaluada por asesores independientes, los cuales deben entregar a los directores y accionistas una recomendación sobre la misma para su aprobación o rechazo. Pero como finalmente se siguió este camino y se ajustaron los términos de la operación, los directores no quedaron afectados. Si hubiera seguido la operación como originalmente se planteó la situación y responsabilidades de dichos directores, salvo Rafael Fernández, podría ser distinta. El caso Cascadas aún no ha sido fallado, por lo cual considero inapropiado calificarlo, sin perjuicio que proyecta ser otro caso bullado que en su minuto corresponderá abordar en profundidad.
-¿Cuál es el rol de las autoridades para evitar nuevos casos a futuro?
-Seguir por el mismo camino salvo por algunos detalles. En efecto me parece bien en general la actuación que ha tenido la SVS en estos casos. Creo, eso sí, que debería haber tenido más cuidado en el caso Cascadas con la entrega de información reservada al público para evitar que se juzgue a los imputados antes de que se emitan los fallos correspondientes. Ello es fundamental para que se siga el debido proceso. Por otra parte, también sería valioso que se siente mayor jurisprudencia respecto al deber de diligencia que cabe a los directores, porque han existido casos, en mi opinión, de directores que recibieron multas por no seguir prácticas que no eran estándares en Chile.
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