El proyecto de ley que prepara el Ministerio de Economía para aumentar la competencia de los medios y redes de pago electrónico, implicaría aumentar las atribuciones que tiene hoy la Superintendencia de Bancos (SBIF).
Esto porque el supervisor no sólo deberá regular a los emisores y operadores de tarjetas de crédito, sino que también cautelará la adecuada competencia en este rubro.
El anteproyecto de ley dedica un capítulo exclusivo a establecer normas que resguarden que la prestación de los servicios ofrecidos por los operadores de tarjetas de pago tenga lugar en condiciones competitivas.
La iniciativa delega en la SBIF la cautela de la competencia y la iniciativa frente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en los casos en que se estime insuficiente.
Fuentes de la industria explican que es particularmente llamativo el hecho de que no se asigne rol alguno a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), entidad que no es mencionada en el anteproyecto que ha socializado Economía.
Además, un ejecutivo advierte que como la FNE tiene todas las atribuciones en el área de la libre competencia conforme con el Decreto de Ley 211, que fija normas para la defensa de la libre competencia, podrían existir conflictos de atribuciones y superposición de regulaciones entre este organismo y la SBIF.
Junto con establecer envíos trimestrales de información al regulador, el documento establece que las infracciones a lo dispuesto en esta ley serán sancionadas por la Superintendencia con multas que no podrán ser inferiores a 100 ni superiores a 5.000 UF.
Mercado y competencia
El documento también establece condiciones y requisitos públicos, generales, transparentes, objetivos y no discriminatorios de contratación y de prestación de los servicios.
Así, este primer borrador establece que si la SBIF o quien tenga un interés “legítimo” solicita una calificación expresa por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ente que considera que las condiciones existentes en alguno de los mercados involucrados en Tarjetas de Pago no son suficientes para garantizar uno competitivo, los operadores deberán cumplir algunas exigencias.
La primera sería establecer condiciones y requisitos públicos, generales, transparentes, objetivos y no discrimantorios para prestar sus servicios a emisores u otros operadores.
La segunda contempla la prestación de dichos servicios a todo emisor u operador que cumpla con tales condiciones y requisitos, los que considerarán “calidad, velocidad, ininterrupción, restauración, confiabilidad, respaldo, plazo y precio de los servicios que se presten”.
Además, establece que los servicios referidos deberán ser ofrecidos en forma desagregada, de modo que puedan ser contratados todos o alguno de ellos.
Ajustes
El gobierno estaría estudiando dividir la iniciativa. Así, la apertura de las tarjetas de prepago sería un proyecto independiente de aquel que busca aumentar la competencia en la operación y adquirencia.
Esto, porque la tramitación en torno a la tarjeta de prepago sería más factible e implica cambios concisos a la Ley General de Bancos. Además, permitiría avanzar en inclusión financiera, con foco en quienes no tienen relación con instituciones financieras.
Tras las críticas de los privados, el análisis estaría centrado hoy en cómo se desarrollará la adquirencia o afiliación de comercios. El anteproyecto establecía que si una sociedad tenía posición dominante, no podría “establecer ni negociar con las entidades afiliadas las comisiones o tarifas”.
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