Las tasas de participación de los adultos mayores en el mercado del trabajo chileno se mantienen en un nivel comparativamente elevado dentro de los países de la OCDE y con proyecciones favorables en razón de efectos demográficos y sociales, indica el informe “Análisis del mercado para la población de 55 años y más y sus implicancias para el ahorro previsional”, hecho por la Universidad Católica, específicamente por el Instituto de Sociología y Centro de Geriatría y Gerontología, por encargo de la Comisión Bravo, en la que participan tres integrantes de este centro: Carlos Díaz, Ricardo Paredes, Andras Utoff y David Bravo.
Edad de jubilación
En Chile, la edad de jubilación es de 60 años para las mujeres y de 65 años para los hombres. No obstante, según el estudio “la edad de retiro efectivo está por encima de la edad legal de jubilación, según distintas estimaciones realizadas en el estudio. La edad efectiva sería de 69 para hombres y 65 para mujeres”.
Así, establece que la edad legal de retiro no ofrece un punto de inflexión en la población que se jubila. Es más, la edad de retiro se acentúa a los 59 años para las mujeres y 63 para los hombres; y tras esto aumenta de forma lineal.
El análisis indica que, tal como sucede en otros países, el retiro suele postergarse entre quienes tienen mayor nivel educativo. También indica que la tasas de reemplazo disminuyen a medida que aumenta el nivel educacional y/o de ingresos, lo que motiva un retiro más tardío.
Puntualiza también que las condiciones de salud y discapacidad auto-reportada también muestran una asociación positiva con el retiro.
¿Y el mercado?
El estudio indica que “las condiciones de empleabilidad de los mayores se mantienen en un ámbito de definiciones poco claras y precisas”. Esto, porque las empresas, sobre todo las privadas, tienden a contratar trabajadores jóvenes.
Agrega que no se aprecian políticas de retiro anticipado, salvo en casos calificados donde abundan faenas pesadas o peligrosas, como en construcción o minería. No obstante, el estudio indica que “llama la atención la disposición favorable de las empresas para retener trabajadores mayores activos y competentes”.
Conclusiones
El informe sugiere cinco recomendaciones respecto de políticas públicas.
La primera es elevar la edad legal de jubilación. Ya sea por la vía de aumentar el número de años de cotización para obtener pensiones completas o vincular directamente la edad de jubilación con aumentos en la esperanza de vida y/o ofrecer mejores pensiones a aquellos que trabajan más tiempo.
La segunda sería igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres. Esto aumentaría la participación laboral de la mujer mayor de una manera muy significativa.
La tercera sugiere restringir el acceso a los planes de jubilación anticipada. El texto indica que en muchos países se están cambiando las edades mínimas para optar a una jubilación anticipada. Y también se están ofreciendo alternativas laborales para aquellos que se desempeñan en oficios pesados o peligrosos, previo a activar los mecanismos de retiro temprano que favorecen especialmente estos trabajos.
La cuarta busca favorecer la prolongación de la vida laboral, mediante disposiciones de salud y empleo.
“Las políticas de envejecimiento saludable que permitan evitar el retiro por razones de salud o invalidez son muy importantes. También lo son el acceso a la capacitación, la adaptación de los lugares de trabajo a las necesidades de personas de mayor edad y la flexibilidad en las condiciones que se establezcan en la relación entre pensión y trabajo”.
Finalmente, el informe propone introducir leyes y disposiciones antidiscriminatorias que impidan introducir
sesgos de edad en la contratación, promoción, capacitación y despido, que pueden
llegar hasta el límite de abolir incluso la edad legal de jubilación.
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AFP
