Tras casi siete años de estar estancado en el Congreso, la reactivación del proyecto de ley de Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas, que busca entre otras cosas, traspasar la tuición del borde costero desde la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas al Ministerio de Bienes Nacionales, generó los primeros movimientos en la industria.
Según un informe elaborado por la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), la reserva de zonas especiales para construir puertos a futuro es el principal tema que tratarán de impulsar en la modificación que hará Bienes Nacionales.
Esto, dado que no está claro si se incluirá en el proyecto, pero Camport busca que este tópico sea considerado, ya que actualmente no existen zonas de ese tipo.
“Las zonas aptas para uso portuario, con un abrigo natural inicial y con posibilidades de accesibilidad son escasas y si no se reservan para este uso, podrían ser asignadas para otros fines (…) Es fundamental que en esta ley se defina un mecanismo ágil y eficiente que permita resguardar en forma efectiva zonas aptas para garantizar uso portuario futuro, tal como, según entendemos, se hará con espacios estratégicos para la defensa nacional”, dice el documento que se viene elaborando hace semanas.
Lo anterior toma mayor relevancia, si se observa el sostenido crecimiento que ha tenido la transferencia de carga por vía marítima. Actualmente el 94% de las exportaciones e importaciones se hace por dicha vía y en 20 años, la carga transferida pasó de 48,7 millones de toneladas a 122,2 millones de toneladas en 2018, un alza de 154%.
Otro punto que toca el informe es la forma en que se regulan las concesiones portuarias -representan más del 80% del universo-, que a juicio de la Cámara, cuentan con mucha incertidumbre, lo que podría desincentivar la inversión. Por ejemplo, se cobra una doble renta y no se establece una prioridad al momento de solicitar la relicitación.
Un mal precedente
Paralelamente, el gobierno busca regularizar las tomas en bordes costeros, como Atacama y Antofagasta, que son destinadas ilegalmente a casas de veraneo y negocios. Este hecho para Camport supone un “mal precedente”.
“Este anuncio es una mala señal que va en contra de lo que pretende el proyecto de ley: administrar el borde costero con racionalidad, dando participación a todos los actores y estableciendo criterios y normativas que deben respetarse”, dice.
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