Una situación de “grave insuficiencia” en infraestructura para aguas lluvia es la que se vive en la zona sur de Chile, según un informe elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Fue en 1997 cuando se creó la Ley de Aguas Lluvias, y con ella se le entregó la responsabilidad a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), organismo dependiente del MOP, de desarrollar los planes maestros de evacuación y drenaje.
Así, la DOH quedó a cargo del desarrollo de redes primarias, mientras que las secundarias quedaron en manos del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), organismo dependiente del Minvu.
Pese a que en ese entonces la DOH estimó en US$ 4.100 millones el déficit en colectores de aguas lluvias –inversiones requeridas con un horizonte de crecimiento a 30 años-, a la fecha sólo se han desembolsado cerca de US$ 900 millones, según cálculos del gremio.
En línea con lo anterior, existen 10 ciudades de la zona sur donde la inversión ha sido cero. Estas son Los Ángeles, Penco y Tomé, Puerto Varas, Alerce, Ancud, Coyhaique, Puerto Chacabuco, Puerto Aysén, Punta Arenas y Puerto Natales.
Para hacer frente a este histórico problema, la DOH ha hecho un total de 41 planes maestros, además de otros cuatro actualmente en elaboración y cuatro en adjudicación. Lo anterior se traduce en la cobertura de 11 millones de personas a nivel país.
A juicio del gerente de Infraestructura de CChC, Carlos Piaggio, es necesario hacer más, y una de las principales trabas a la inversión en esta materia está dada porque la ley no establece plazos para la ejecución de estos planes, lo que ha implicado que no se hayan priorizado inversiones.
Agrega que para hacerle frente al problema de colectores de aguas lluvia, es necesario triplicar la inversión actual, que ronda los US$ 70 millones anuales.
“El déficit en materia de aguas lluvias afecta directamente a la calidad de vida de las personas, al medio ambiente y limita las posibilidades de crecimiento de las ciudades. Con el ritmo de inversiones que se ha tenido en los últimos 10 años, tardaríamos más de 30 años en alcanzar las inversiones identificadas en los planes maestros”, dice.
A modo de solución, la Cámara propone la incorporación del sector privado para el desarrollo de esta infraestructura.
“La solución de fondo es incorporar inversión privada a través de un sistema similar a las concesiones”, dice Piaggio.
Este último es un punto que ha estado siendo analizado por el gobierno, donde el titular del MOP, Juan Andrés Fontaine, declaró a comienzos de año que está evaluando diferentes mecanismos: modificar la Ley General de Servicios Sanitarios o, en definitiva, crear una ley diferente que “abrirá espacio a otro tipo de empresas que podrían invertir en ese terreno vía concesiones”.
Otras medidas propuestas por el gremio son instruir a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) para que autorice la construcción de obras de seguridad en el sistema sanitario e implementar medidas voluntarias de protección ambiental, ya que muchas veces con el rebalse de las alcantarrillas, el agua termina en lagos cercanos.
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