Tras seis meses de negociaciones, que no llegaron a puerto, los controladores de Nuevo Pudahuel, los franceses Aeroports de Paris y Vinci Airports, concretaron su acción contra el Estado de Chile en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
Así consta en el expediente electrónico que se abrió en el organismo, donde se detalla que el viernes 13 de agosto se abrió el proceso. Los frances, invocando tratados bilaterales con su país de 1992, han alegado -según versiones de prensa- que hubo una negativa por parte del Ministerio de Obras Públicas respecto a modificar el contrato de concesión considerando las pérdidas sobre los US$ 30 millones que ha provocado la pandemia por el Covid-19.
Las sociedades son representadas por el estudio norteamericano Freshfields Bruckhaus Deringer, que tiene base en Nueva York y más de 4.000 profesionales.
Nuevo Pudahuel se adjudicó en 2015 el proyecto para construir un terminal aéreo, en un contrato a 20 años, por más de US$ 1.000 millones, donde los ingresos son compartidos con el Estado de Chile. En enero habían notificado el proceso al gobierno, y se abrieron conversaciones, las que -a la luz de los hechos- no llegaron a puerto.
En un comunicado posterior, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) informó que fue notificada del registro ante el CIADI de la solicitud de arbitraje presentada por ADP International y Vinci Airports, en contra del Estado de Chile.
Según explicó, en la solicitud las empresas alegan la violación de las obligaciones de Chile bajo el Convenio entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de la República de Francia sobre la Promoción y Protección de Inversiones.
En detalle, la Subrei detalló que las compañías "reclaman que el Estado debía haber adoptado medidas particulares en beneficio exclusivo de la Concesionaria, para aliviar la baja temporal de ingresos que ha sufrido por la disminución del tráfico aéreo y de las actividades comerciales del aeropuerto como consecuencia de la pandemia y de las medidas sanitarias tomadas por el Estado para proteger la salud de la población, como el cierre de fronteras e imposición de cuarentenas".
Al respecto, el Subsecretario de la Subreu, Rodrigo Yáñez, señaló que "Chile ha actuado con estricto apego al derecho internacional en todas las medidas adoptadas para controlar y mitigar los efectos de la pandemia".
De esta manera, agregó que las reclamaciones de ADP y Vinci "desvirtúan el serio esfuerzo que ha realizado nuestro país para enfrentar la pandemia por medio de medidas generales que velen siempre por los intereses de la población y de todos los actores de la economía, sin exclusiones, privilegios o discriminaciones".
Agregó que "Chile tiene una trayectoria indiscutida como país receptor de inversión extranjera que promueve el libre comercio, respeta las obligaciones emanadas de Tratados internacionales y valora la contribución del sector privado al desarrollo de nuestro país. Este caso no ha sido la excepción".
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