Constructora pide su quiebra y apunta a “bajo requerimiento de sus servicios” por crisis inmobiliaria

El frenazo de la industria del ladrillo y el cemento sumó una nueva víctima. Se trata de otra constructora que pidió su quiebra, y apuntó específicamente al “bajo requerimiento de sus servicios” producto de lo que denominó la “crisis inmobiliaria”.

La empresa Traslaviña Hermanos Limitada -creada en 1997 y dedicada a estudios, proyectos, evaluaciones e instalaciones de todo lo relacionado con obras civiles, de construcción y demás similares- solicitó su liquidación voluntaria a la justicia.

“De un tiempo a esta parte, los resultados en su mayoría han sido dramáticamente negativos debido al bajo requerimiento de sus servicios, lo que conllevó a que no alcanzaran a cubrir siquiera los costos propios del giro del negocio”, dijo la empresa en su presentación a la justicia.

Luego, apuntó específicamente a la pandemia y sus efectos en la industria.

“El surgimiento de la pandemia y la crisis que esta provocó en el sector inmobiliario y de la construcción, ha generado que diversas empresas dependientes entre sí, como las contratistas, no puedan sustentarse económicamente. A pesar de dicha situación mi representada intentó renegociaciones con sus acreedores, reducciones de personal, aportes monetarios adicionales al capital inicial, etc., sin poder revertir la situación de insolvencia”, dijo a la justicia el abogado de la compañía, David Monsalves.

La industria de la construcción está enfrentando una de sus perores crisis del último tiempo. Se apunta a los efectos que generó al sector el estallido social y la pandemia (con largas paralizaciones de las obras) y el fuerte aumento de los precios de los materiales, entre otros factores.

También se apunta a la fuerte caída en la venta de propiedades producto de las alzas de los créditos hipotecarios y las mayores restricciones que han impuesto los bancos para tomar este tipo de financiamiento.

Desde que se desató la crisis social a fines de 2019, más de una docena de empresas del sector construcción e inmobiliario han iniciado procesos ante la justicia, con pasivos que, en conjunto, superan los US$ 600 millones. Algunas empresas han solicitado su reorganización, otras su liquidación voluntaria.