"¿En la obra pública inherentemente va a haber siempre una situación de irregularidad?" Con esa frase dio inicio a su exposición en un seminario organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), el contralor de la República, Jorge Bermúdez.
En la presentación que duró cerca de media hora, Bermúdez señaló que debido a que estas obras implican cuantiosos montos y la confluencia del mundo público con el privado, es que aparecen riesgos asociados a la corrupción.
Lo anterior –explicó-, se da porque la corrupción no está asociada a los estratos organizacionales más bajos, sino que a los puestos de poder, donde se ven involucradas tanto las unidades gerenciales en su conjunto, como ejecutivos específicos.
Así, la autoridad ejemplificó con casos reales que se ha topado la Contraloría. Retrató casos de puente, donde pese a haber sido pagados nunca se concretaron y caminos en zonas indígenas que fueron construidos en fundos privados.
"Por este tipo de fenómeno es que las obras públicas se encarecen y se abandonan, y por eso creo que el riesgo de integridad es algo de lo que uno tiene que hacerse cargo. Y en un consejo de infraestructura pública, creo que esto debiera ser también un elemento central de la preocupación de sus integrantes", sentenció Bermúdez.
Agregó que la fiscalización del cumplimiento de la normativa también es un tema. "Hay debilidad en la fiscalización de los organismos técnicos y la inspección de la obra y la Contraloría siempre va a llegar tarde porque es un control externo, y eso obviamente que genera otro tipo de dificultad".
Los problemas identificados por el ente fiscalizador dicen relación con sus dos funciones: la toma de razón (ex ante) y la fiscalización (ex post) de obras.
Primero, están las dificultades que se enfrentan al momento de la toma de razón de las bases de licitación de proyectos (Contraloría actúa como un control previo), y donde por una debilidad de los organismos técnicos, se tropiezan con bases que no se ajustan a la normativa existente, por ejemplo sísmica, o falta de papeleo para poder aprobar una obra.
Segundo, están los problemas que se producen en la fiscalización de un desarrollo. En esta fase existen ejemplos conocidos, como lo es el caso del Puente Cau Cau, que contaba con errores de diseño que no se advirtieron hasta que se quiso poner en marcha el puente.
No obstante, como ese –dijo la autoridad-, hay muchos otros casos que han pasado desapercibidos, "pero que generan igual o peor impacto". Así, advirtió casos como un observatorio abandonado en el norte o el Cesfam de Colbún. En ambos casos, y tras varios incumplimientos se tomó la decisión de liquidar el contrato; momento en el que se toparon con que las boletas de garantía habían sido falsificadas. "Y eso es una actitud dolosa, no ya de insolvencia por un mal negocio que hizo la empresa".
Actualización en contratos
Otro de los temas que puso sobre la mesa la autoridad, fue la necesidad de actualizar la regulación a nivel general en todos los sectores del país, pero en particular en materia de contratación pública. Lo anterior, toda vez que es la Ley de compras públicas no tiene una renovación desde hace 16 años.
"Si nos ponemos a mirar cuándo fue la última gran innovación normativa en materia de contratación pública, esta fue en el 2003 ¿Y cuántas veces ha cambiado la regulación europea en materia de regularización europea en contratación pública en esos mismos años? tres veces. Y nadie se escandaliza, porque obviamente es una regulación que se tiene que perfeccionar; es regulación dinámica frente a un mundo dinámico. Entonces yo creo que aquí hay un trecho donde nosotros nos hemos quedado muy atrás", dijo fervientemente.
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