El fuerte efecto que ha tenido la baja de tráfico de los aeropuertos a raíz de la pandemia ha abierto un camino de diferencias respecto de cómo enfrentar el efecto entre concesionarias y el gobierno. El Consejo de Políticas Públicas (CPI), organismo independiente que aborda temas del sector, entró con propuestas al debate.
El organismo desarrolló un documento llamado “La pandemia y las concesiones aeroportuarias: para recomponer una política pública que se ve amenazada”. En el texto se plantea que la industria aeronáutica es una de las más golpeadas y que el tráfico en los terminales va a recuperarse -en el mejor de los escenarios- en dos o tres años más.
“Esto ha tenido un especial efecto en los contratos de concesiones aeroportuarias en Chile. Este sector ha sido uno de los emblemas de la asociación público-privada a través de la cual se ha dotado al Estado de infraestructura pública de categoría mundial”, señalan.
Destacan que Chile cuenta con 11 terminales concesionados, y que la inversión realizada y comprometida en esta industria es aproximadamente de US$ 3.000 millones.
El organismo explica que hay distintos tipos de acuerdos en las concesiones de aeropuertos, ya sean con plazos fijos o variables. Proponen que se realicen “una serie de cambios a los contratos de concesiones aeroportuarios, de manera de superar la actual polémica entre el Ministerio de Obras Públicas y las empresas”.
En el caso de los terminales que tienen plazo fijo más extendido -entre 15 y 25 años-, señalan que la caída en la demanda no es recuperable, pero que “puede diluirse en un plazo mayor”.
El exministro de Obras Públicas y director ejecutivo del CPI, Carlos Cruz, dice que “extender los plazos” es viable, ya que “cualquier solución que no perjudique el erario público nos parece una buena solución”.
“A nosotros nos parece que es mucho más razonable encontrar formas de extensión de plazo, que es una opción que está super legitimada. Habiendo una situación emergencia, donde los contratos de plazo fijo se ven en falencia, es perfectamente posible pensar en la flexibilización de los plazos como fuente de seguro”, indica.
También plantean que es necesario diseñar una recomposición de los contratos que permitan la continuidad de obras que están realizando los consorcios.
“Hay que asegurar que se concluyan las obras comprometidas (cuando corresponda), pudiendo ajustarse de común acuerdo según las nuevas proyecciones de demanda”, apunta el texto. Agrega que se debe permitir a los concesionarios conseguir los financiamientos necesarios para ese propósito.
También creen que en los contratos se debería “asegurar el repago de las deudas generadas por la concesión” y “no sancionar ni perjudicar a las concesionarias ni a sus accionistas y financistas como consecuencia de los efectos de la crisis”.
Mesa de diálogo “urgente”
Otra propuesta del CPI es que se lleve a cabo “una mesa de trabajo urgente para evaluar los costos de la crisis para el sector aeroportuario”. Plantean que en la instancia deberían participar el Ministerio de Obras Públicas, el de Hacienda, representante de la industria aeroportuaria, financistas y del centro de mediación del CAM Santiago.
Fuentes de la industria señalan que, hasta el momento, el MOP no estaría dispuesto a modificar los contratos. Frente a eso, Cruz dice que “los contratos son flexibles en la medida que hay disposición de las partes”.
“Si el ministro no tiene la disposición de flexibilizar estamos en un problema, pero las relaciones contractuales se pueden cambiar si hay voluntad de las partes, si se hace de buena fe y en condiciones de ecuanimidad”. concluye.
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