En modo silencioso se ha venido trabajando el proceso de reorganización financiera de la rama de construcción de la italiana Astaldi en Chile. Y este lunes, desde las 8:30 horas en el Undécimo Juzgado Civil de Santiago, se resolverá si hay apoyo a la propuesta final de pago, la que vio la luz a fines de la semana pasada.
Así se detalla en el informe del veedor del caso, Felizardo Figueroa, que da cuenta del plan de pago propuesto y muestra que se contarán con los flujos necesarios para cancelar el 100% de las acreencias.
Según el documento, la crisis a nivel local de la italiana se dio después de que el 27 de septiembre de 2018, Astaldi S.p.A. presentara a la Corte de Roma un concordato preventivo, que buscaba básicamente renegociar el plan de pago de deudas, las que en su minuto se situaron sobre los US$ 2.000 millones. Esto -dice el escrito- imposibilitó a la sucursal de la italiana en Chile continuar con el pago normal de los créditos que mantenía.
Según el documento, en el proceso en Chile se decretaron pasivos por un total de $ 127.949 millones de todas las operaciones del área de construcción en Chile. A esta cifra hay que descontarle boletas de garantías y otras retenciones que están vigentes, así como cuentas por pagar a entidades relacionadas. De este modo, las acreencias totalizan unos $ 67.841 millones, equivalente a poco más de US$ 100 millones.
Como parte del proceso se han acreditado 99 acreedores, pero se han hecho parte 80 más, destaca el informe. Esto es relevante, porque la propuesta de pago debe ser aprobada por dos tercios de los involucrados.
En este grupo hay empresas de la talla de BTG Pactual y banco Itaú, además de una larga lista de proveedores de equipos, ingenierías y otros servicios, según consta en el expediente.
Se espera que sólo el proceso de validación de poderes de los acreedores tome un par de horas, antes de que se entre a discutir el fondo del asunto.
La ingeniería de pago
Durante todo el proceso de reorganización, la italiana Astaldi ha sido asesorada por Rodrigo Díaz de Valdés, socio del estudio Baker & McKenzie, y por Nelson Contador, dupla que estructuró toda la ingeniería que hay para lograr pagar el 100% de la deuda en el menor tiempo posible.
Según detalla el documento, el grupo de deudores se dividió en dos: los que tienen acreencias por menos de $ 10 millones, a quienes se les cancelará en 12 meses a través de cuatro cuotas trimestrales.
El otro grupo, con más de $ 10 millones de deuda, se amortizará el 75% del capital en 36 meses, a través de 11 cuotas trimestrales desde el 16 de julio. El 25% restante se hará en una cuota única al final del período fijado, es decir el 16 de abril de 2022.
Se usará una tasa de interés de 5%, dice el documento.
De todos modos, la empresa podrá prepagar todos los créditos de forma anticipada, sin costo adicional.
Figuera hizo ver en su informe que tomando en cuenta los antecedentes y los flujos de caja esperados, “la propuesta puede ser cumplida, pagando a todos los acreedores a quienes va dirigida, en los plazos y condiciones propuestas, con algunas modificaciones necesarias que deberán hacerse a la propuesta durante el desarrollo de la Junta de Acreedores llamada a deliberar las mismas”.
Un punto a favor de este plan, es que si se decidiera liquidar la empresa, dado el nivel de activos que tiene en el país, cada acreedor recuperaría 7% del monto total de sus créditos.
El otro gancho a favor será Codelco. El hecho de que la minera cobrara las boletas de garantía y se renegociaran los contratos que mantenían para Chuquicamata Subterránea y El Teniente, terminó siendo un buen negocio.
Esto, porque son la base de los flujos futuros que recibirá en los próximos meses, dado que los contratos están en una etapa de alto desembolso para la corporación, da garantías de que se cumplirá el plan de pago.
Según detalla el documento, los dos contratos con la corporación implican recursos máximos por $ 134.076 millones, es decir unos US$ 200 millones.
No podrá aumentar la deuda
Entre los compromisos que asumirá Astaldi en caso de aprobarse el plan estará no aumentar su nivel de deuda a enero de 2019.
Aunque esto pudiera parecer una limitante para desempeñarse en el demandante negocio de la construcción de obras civiles, dado el agresivo plan de pago que está contemplado -el que podría acelerarse- le permitirá tomar deuda de ser necesario, sin subir sus niveles.
Como parte de las medidas de garantías a los acreedores, se nombrará un interventor concursal hasta que se pague la deuda, que básicamente supervisará la información contable. Además, se formará una comisión de acreedores con tres integrantes, los que monitorearán la compañía en adelante.
Para el veedor, las medidas de control son débiles y poco usuales para un acuerdo de esta magnitud -dado que la administración no se interviene-, lo que se habría dado por la certeza de pago que incluye la propuesta.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Chile
