Una derrota, tres victorias y un caso que duró más de veinte años. Ese es el registro de los enfrentamientos de Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo que se encarga de mediar los desacuerdos entre Estados y privados.
Ahora , podría enfrentarse nuevamente a un arbitraje frente a los controladores de Nuevo Pudahuel (concesionarios del Aeropuerto de Santiago), integrado por los franceses Aeroports de Paris, con un 45% de la propiedad; Vinci Airports, con 40%, y la italiana Astaldi, con 15%. Los inversionistas buscan extender los plazos de la concesión, argumentando los perjuicios económicos sufridos por efecto de la pandemia.
En el favorable récord de nuestro país ante el Ciadi en casos de alta complejidad -como señala el abogado Ricardo Vásquez, árbitro del organismo- sólo una vez sufrió un fallo desfavorable. Esto tuvo lugar a partir del caso que inició en 1998 la firma MTD, grupo con base en Malasia que impulsaba un megaproyecto inmobiliario en la zona de Pirque. El tribunal le dio la razón a esos inversionistas en 2007 al considerar que se vulneraron sus legítimas expectativas al ofrecer esta iniciativa que requería un cambio normativo en un comuna cuyo plano regulador no podía ser modificado.
Pero a continuación sólo hubo triunfos para la posición de Chile en los casos interpuestos por la pesquera española Eduardo Viera S.A.; Victor Pey (por expropiación del diario El Clarín) y hace unos días con los dueños de Alsacia y Express, operadores del exTransantiago.
Habitualmente, un proceso ante el Ciadi dura unos cuatro años. En la primera mitad de ese lapso tienen lugar la presentación del caso a través de una memoria de ambas partes y las versiones de expertos y testigos. Y en los dos años restantes se realizan las etapas de contrargumentación y de resolución.
La complejidad del caso
Antes de inscribir oficialmente el arbitraje ante el Ciadi, el organismo exige a la empresa seis meses de negociación con el Estado involucrado mediante una carta. En el caso del consorcio francés-italiano, la misiva fue envió directamente al Presidente Piñera.
Si no hoy acuerdo, si los accionistas de Nuevo Pudahuel sigue la causa ante el Ciadi deberá analizar los términos de los tratados comerciales entre sus respectivas naciones y Chile, además de la normativa europea.“Hay que determinar el origen de los capitales, luego evaluar si Italia y Francia mantienen acuerdos para la protección de inversiones vigentes con Chile (...) la diferentes nacionalidades demuestran que es un caso difícil, porque no sabes si todos los accionistas quieren demandar. Después de analizar esto, hay que planificar la estrategia más efectiva”.
Nicolás Vassallo, socio de AUV, señala que otro ingrediente que añade complejidad al caso es que tiene lugar en un escenario inédito como es la pandemia. “Los efectos del Covid-19 han traído dificultades no solo en controversias internacionales, sino también en el plano doméstico. De resolverse finalmente este conflicto ante el Ciadi, se añadirán otras complejidades”, dice.
Agrega que será difícil establecer el equilibrio económico de los contratos y garantizar la viabilidad de las concesiones como era antes de la propagación de virus.
Un ámbito ligado a los conflictos con los inversionistas extranjeros tiene el TPP-11, respecto del cual sus críticos asusan de permitir que las multinaciones demanden a los Estado ante cualquier modificación legislativa que afecte sus intereses, suponiendo un resultado perjudicial para el país en los arbitrajes.
Sin embargo, Vásquez desestima ese efecto señalando que, técnicamente, el Estado de Chile ya entregó en 1990 al Ciadi la facultad de entrar a dirimir en casos de controversias en materia económica.
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