A raíz de las voces contrarias a una posible modificación de los contratos de concesión a las operadoras de autopistas urbanas para reducir el ajuste anual del valor de los peajes, ex autoridades del Ministerio de Obras Públicas defendieron la propuesta impulsada por la actual administración.
El ex ministro de esa cartera y actual director del Consejo de Políticas de Infraestructura, Carlos Cruz, sostuvo que es “muy buena medida, porque permite hacerse cargo de la insatisfacción que progresivamente se está sintiendo” por el alza de los peajes. En ésta línea, advirtió que “si no hay flexibilidad para modificar los contratos se rigidizan las relaciones entre mandante y contratista y eso al único que perjudica es al usuario”.
El excoordinador de Concesiones, Eduardo Abedrapo, coincidió con esta posición y señaló que “el alza de un 3,5% tiene su estamento técnico en el esquema original de los contratos -lo cual partió en un tiempo donde, obviamente, el uso de las autopistas era inferior-, pero hoy puede justificarse hacer algún ajuste a la baja dado el efecto que tienen los presupuestos de los hogares en el gasto en autopistas”.
Abedrapo indicó que el ajuste de los contratos “es una cuestión necesaria”, y que por ello en el gobierno anterior se decidió establecer en los contratos los mecanismos para gatillar las nuevas inversiones “de manera que las nuevas obras a realizar no impliquen una modificación”.
En cuanto a las posibles alternativas que se barajan para este mecanismo – que por el momento son la extensión del contrato de concesión o un pago por parte del Estado-, Carlos Cruz señaló que, más allá de cuál sea la opción escogida, el mecanismo ideal debiera establecer que la compensación la “otorgue el nuevo concesionario que se hará cargo de esa autopista una vez que la concesión actual termine, de modo que no signifique pago alguno del Estado”.
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