La disputa entre Cencosud y el gobierno argentino por un terreno de más de 20 hectáreas en la zona de San Isidro, en Buenos Aires, sumó un nuevo capítulo.
La compañía liderada por la familia Paulmann se ha opuesto a la designación de un perito ingeniero ambiental, pues, a su juicio, supondrá un costo para las partes muy significativo y, al mismo tiempo, constituirá una demora muy relevante para la solución final del litigio.
“Lo planteado por la demandada, desconoce en forma completa los lineamientos del tratado de Escazú, toda vez que la alteración del orden procesal –sin sustento normativo- podría generar la ausencia de un informe ambiental que la sociedad civil demanda”, dijo María Beatriz Rubiales, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, en un escrito presentado en el juicio.
Por contrapartida, Cencosud sostuvo: “Solicito que, en forma previa a dar inicio a costosas pericias técnicas, a fin de evitar demoras al proceso, así como gastos innecesarios al erario público y al patrimonio de los particulares, se aborde la resolución de las distintas cuestiones de puro derecho que existen en la causa, en especial el planteo de prescripción liberatoria”.
El paño fue adquirido por la firma tras una licitación del gobierno trasandino en 1996. Ahí busca levantar un centro comercial y viviendas, con una inversión superior a los US$ 600 millones.
No obstante, en 2016, la AABE de Argentina -organismo símil al Ministerio de Bienes Nacionales- presentó una demanda en contra del grupo chileno con el objetivo de que el terreno vuelva a manos del Estado. A su juicio, Cencosud habría incumplido una “condición esencial” del contrato, respecto de los plazos en que el inmueble debía ser dedicado a un proyecto urbanístico. La empresa rechaza las acusaciones.
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