Queda cerca de un mes para que el sistema que pide a los proyectos inmobiliarios que mitiguen sus efectos viales se reforme completamente, según se definió en la Ley de Aportes al Espacio Público, aprobada en 2016.
Aunque es posible que su entrada en vigencia se posponga un año, en la industria había incertidumbre respecto de cómo se daría la transición, especialmente para aquellas iniciativas que ya estaban trabajando en medidas en base al sistema antiguo.
Hasta antes de esta ley, los proyectos inmobiliarios con más de 250 estacionamientos debían presentar un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (Eistu) para mitigar su efecto vial. Con la reforma, esto será reemplazado por el de los Informes de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) que serán exigidos para todas las obras nuevas desde el 17 de noviembre, con el objetivo de considerar a todos los desarrollos.
La ley define tres tipos de informes: uno básico, para proyectos pequeños que pueden ser revisados únicamente por las municipalidades; otro intermedio para proyectos medianos que requiere modelación de transporte; y finalmente, uno mayor, que va enfocado en grandes proyectos. Estos dos últimos serían revisados por las Secretarías Regionales Ministeriales de Transporte (Seremitt) respectivas.
Pese al tiempo que ha transcurrido desde que se aprobó la ley y sus reglamentos, las dudas seguían. Iván Muñoz, gerente general de la consultora Urbano Proyectos, dedicada a realizar estudios de mitigaciones vial, explica que uno de los temas sensibles es que “si no lograbas aprobar un Eistu de aquí a noviembre, no te servía”, perdiendo todo el trabajo realizado.
Sin embargo, hace unas semanas, el gobierno entregó claridad sobre el punto. El ministro de Vivienda, Felipe Ward, informó que junto con el Ministerio de Transportes ingresaron un decreto a Contraloría para su toma de razón, “que nos permitirá hacer la transición entre el nuevo sistema y el actual”. Según detalló, esto permitirá que cuando se empiecen a pedir los nuevos informes de mitigaciones (IMIV), los Eistu que ya están aprobados y los en trámite serán tomados en cuenta.
El socio y director ejecutivo de Urbano Proyectos, Andrés Villaseca, explica que el decreto era necesario, pero para una correcta transición al nuevo sistema también “tienen que haber esfuerzos técnicos y operativos” para la implementación del nuevo sistema, “debido a que los informes nuevos son mucho más difíciles de hacer”.
Este año han ingresado 165 Eistu en todo el país, 86 de los cuales se encuentran en proceso de revisión y 50 con observaciones, y por tanto, en revisión por parte del titular.
El proyecto que busca aplazar la ley
Con el tiempo contrarreloj, el gobierno presentó en agosto un proyecto de ley para posponer para noviembre de 2021 la puesta en marcha de los nuevos informes.
El asesor técnico de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Fernando Colchero, explica que “todavía se requiere que tanto el sector público como privado se acostumbren a realizar este proceso y haya un aprendizaje, que a raíz de la pandemia no se está haciendo”.
La iniciativa se encuentra en su segundo trámite constitucional, en la Comisión de Obras Públicas del Senado.
El gerente general de la inmobiliaria Norte Verde, Roberto Bascuñán, apuntó que “sería nefasto que no se postergue su inicio”, ya que estima que las autoridades se podrían demorar más de un año en aprobar estos nuevos planes, eso podría frenar la petición de permisos de edificación y la construcción de los proyectos.
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