La larga disputa que comenzó en 2012 entre Costanera Norte -ligada a Grupo Costanera, integrada por las sociedades Mundy y Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB)- y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) sigue sumando capítulos.
La concesionaria interpuso un recurso de queja en la Corte de Apelaciones de Santiago, con el objetivo de revertir la sentencia del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago, que involucra a Grupo Costanera y a la cartera liderada actualmente por Jessica López.
Costanera busca que la corte corrija las “graves faltas y abusos” que habrían cometido los árbitros.
El conflicto se remonta a 2012, periodo en el cual el MOP modificó el contrato de concesión, que entre otros ajustes dispuso la gestión de los cambios de los servicios de las obras de la Etapa 2 (que comprendía el enlace Lo Saldes y la exrotonda Pérez Zujovic, tramos en la Costanera Sur y sus Conexiones con Costanera Norte, entre otras), obras que fueron encargadas a la empresa española Sacyr.
Estos cambios de servicios -explicó la concesionaria-, derivaron en que la construcción de la Etapa 2 experimentará retrasos y mayores costos en la obra, debido a que el traslado de los servicios públicos por parte de las empresas propietarias (Metrogas, Aguas Andinas, Entel, Enel, entre otras), o las contratistas de éstas, fue “mucho más demoroso y disruptivo que lo previsto, y provocó una muy prolongada interferencia con las obras”.
Con estos argumentos, Costanera Norte presentó una demanda arbitral contra la cartera a principios de 2021, para que se reconociera y declarara el deber contractual y administrativo del MOP de pagar por el impacto constructivo y económico que sufrió Sacyr, y en el cronograma de trabajo de la Etapa 2, monto que alcanzaba las UF 669.079 (US$ 26,3 millones).
A fines de 2023 este conflicto llegó a su fin, luego que la Comisión Arbitral rechazara en todas sus partes la demanda, impugnando la compensación pedida por Grupo Costanera.
Recurso de queja
El fallo de la Comisión Arbitral no dejó tranquilo al grupo. Es por ello que la concesionaria ingresó un recurso de queja a la Corte de Apelaciones, con el objetivo de que la justicia “corrija las graves faltas y abusos que cometieron en la dictación de la sentencia definitiva”. En específico, detalló que la comisión falló contra la ley del contrato, “convirtiendo en letra muerta” una obligación del MOP. “En la sentencia se tuvo por acreditado el mayor costo y que existe un deber del MOP -asumió el riesgo- de pagar por éste, pero la comisión rechazó la demanda, desconociendo lo pactado e incurriendo en incongruencias”, argumentó.
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