La cuenca del río Aconcagua es una de las que más se ha visto afectada con la megasequía que enfrenta el país desde hace 11 años. El caudal está a 20% de su capacidad histórica y las autoridades están implementando un plan de inversiones a nivel regional desde hace dos años, para intentar sobrellevar la disponibilidad del recurso hídrico en zonas rurales.
El foco ha estado puesto en los sistemas de Agua Potable Rural (APR), que permiten dar cobertura de agua potable en zonas rurales, donde no está presente la empresa sanitaria de la región.
Actualmente existen 232 de estos sistemas en el lugar, donde 137 de ellos tienen algún grado de afectación, equivalente a más de 100 mil personas. De estos, 70 sistemas fueron construidos por el Ministerio de Obras Públicas y, a través del plan Aconcagua, la autoridad está inyectando $ 22.300 millones para mejorarlos, detalló ante el Congreso el ministro Alfredo Moreno.
Desde 2017 los recursos destinados para estos sistemas de agua potable han tenido un incremento de 40% y este año se espera que lleguen a los $ 135 mil millones.
A la fecha, de los sistemas MOP que hay en la región de Valparaíso, 30 están con obras terminadas, en ejecución o licitación (benefician a 38.900 personas), y para este año se tiene programado reparar un total de 53 sistemas más.
El mayor problema es que los 67 restantes fueron construidos por las municipalidades, el Gobierno Regional (GORE) o la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), por lo que a juicio de Moreno no cuentan con la misma “resiliencia” que los del MOP, y además, al no llevar un monitoreo constante, ha sido un proceso más lento el canalizar las deficiencias. La Subdere tiene un plan para la actualización y mejora de esos APR por $ 3.800 millones.
Otra medida que busca aumentar el agua disponible para las zonas rurales afectadas, es la conexión que tendrá Esval al Embalse Los Aromos, dado que como parte del acuerdo con el gobierno, se determinó que anualmente la sanitaria tendrá que aportar 3 millones de metros cúbicos (m3) a los APR cercanos.
El gerente regional de Esval, Luis Riveros, señaló que el volumen que entregarán equivale al consumo del 25% de los APR de la región y podría beneficiar en el futuro a más de 13.000 familias.
"Estamos conscientes del valor que tiene el agua y las dificultades que están experimentando varios APR de nuestra región en este contexto de sequía estructural. Por eso impulsamos un plan de acceso universal, que busca apoyarlos y conectar a aquellos que están cercanos a nuestras redes, de forma de asegurar un suministro continuo en cantidad y calidad de agua", señaló.
Juntas de vigilancia al límite
Los otros lineamientos del plan Aconcagua incluyen los acuerdos de redistribución de aguas con las Juntas de Vigilancia de la primera, segunda y tercera sección del río; la construcción de mayor infraestructura (pozos, recarga de acuíferos y obras de conducción y canalización); y una mayor fiscalización por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH).
El presidente de la Junta de Vigilancia de la primera sección -que agrupa a agricultores y empresas mineras y sanitarias-, Javier Crasemann, explica que en 2018 acordaron con las autoridades establecer una mesa técnica permanente, que se reúne semanalmente, para abordar los obstáculos que les plantea la profundización de la sequía.
A su juicio, hasta ahora se ha enfocado bien la discusión, pero en definitiva falta infraestructura a desarrollar, por ejemplo, bocatomas para encausar el agua y, de esa manera, disminuir las fugas en el trayecto, así como también que la tercera sección del río haga inversiones, pues es la que está más cercana a la costa y nunca cierra sus compuertas: sólo recibe el agua que baja.
En el último convenio -dice- pasaron desde 24 horas a 36 horas de cierre de compuertas semanales en la temporada crítica (que va de octubre a abril), pero ese es el límite. “Nosotros ya tocamos techo y calculamos que nos veremos afectados entre un 30% a 40% en la zona alta del valle este año debido a la sequía”, dice.
La segunda sección, en tanto, llega hasta las 38 horas de cierre de compuertas.
Con todo, Crasemann ve que “recién están tomándole el peso las autoridades”, pese a que ellos vienen advirtiendo la necesidad de intensificar en inversiones desde hace al menos seis años. Lo que se está ejecutando a día de hoy, -dice- recién verá sus efectos en la cuenca de aquí a unos cinco años más.
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