¿Se evalúa o no el contenido de plomo en el suelo y sus efectos en la salud de la población, considerando el riesgo cancerígeno de este contaminante? Esta es una de las interrogantes que deberá responder la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, como parte de los recursos de reclamación en contra del dictamen que dio el visto bueno al plan de saneamiento del terreno Las Salinas, en Viña del Mar, presentado por el grupo Copec, que lidera un proyecto inmobiliario en el terreno donde por unos 80 años estuvieron emplazadas las petroleras.
A través de la Inmobiliaria Las Salinas, la empresa ingresó en diciembre de 2018 –por tercera vez- un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con el fin de habilitar el paño frente a la costa, para uso residencial y equipamiento. Actualmente, el terreno sólo permite área verde.
El objetivo de la filial de Copec es desarrollar un plan de descontaminación del terreno en Las Salinas -el que estuvo expuesto a combustibles por muchos años- a través de la técnica de biorremediación, que opera -según la empresa- acelerando la acción de bacterias que degradan compuestos orgánicos como los hidrocarburos.
En septiembre del año pasado, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso aprobó el proyecto de saneamiento -que costaría unos US$ 55 millones-, tras lo cual, más de una docena de vecinos y el movimiento "Un parque para Salinas", presentaron reclamaciones administrativas ante el Comité de Ministros para intentar revertir la resolución de calificación ambiental que aprobó de manera unánime la iniciativa.
Como parte de estos procesos de reclamaciones, el director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Hernán Bücher, ofició a seis autoridades de gobierno, como la subsecretaria Daza, para que informen respecto de una serie de interrogantes, entre ellas, si se evaluó o no el contenido de plomo en el terreno de las ex petroleras. "Lo anterior en la eventualidad de que la concentración de este contaminante pueda inhibir el proceso de remediación", dijo la autoridad en su oficio.
Además, entre otras consultas, el director Ejecutivo del SEA pidió informar a la subsecretaria Daza si los resultados de la evaluación realizada respecto del eventual impacto que pudiera ocasionar el proyecto sobre la calidad de las aguas subterráneas permiten asegurar que no se generará un riesgo para la salud de la población.
Bücher también ofició al subsecretario del Medio Ambiente, Javier Naranjo, a quien le solicitó informar, en relación con el proceso de remediación del proyecto, si se presentaron antecedentes adecuados que permitan determinar su suficiencia y eficacia, habida consideración –dijo- de los niveles de contaminación generales del sitio, particularmente, la presencia de metales pesados y pesticidas debido al uso histórico del sitio.
Junto a esto, consultó si se consideraron o no durante la evaluación ambiental de la iniciativa, los efectos que resultarían de la circunstancia de que el saneamiento propuesto fuere solo parcial.
Los subsecretarios tienen un plazo de 20 días, a contar del 7 de enero, para responder los oficios del director del SEA.
Se espera que en las próximas semanas, los recursos sean analizados por el Comité de Ministros, integrado por el titular de Medio Ambiente, que lo preside, y los ministros de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería.
"Esto será una crónica de una aprobación anunciada", dice el abogado Gabriel Muñoz, representante de Un parque para Salinas, quien, anuncia, ya tiene todo preparado para recurrir al Tribunal Ambiental.
"Irreparables perjuicios"
En otro frente, también ante el Servicio de Evaluación Ambiental, la Inmobiliaria Las Salinas enfrenta una solicitud de invalidación administrativa de la RCA, interpuesta por Patricio Herman Pacheco, en representación de la Fundación Defendamos La Ciudad.
Como parte de este proceso, la empresa presentó un extenso informe en el cual rechazó la solicitud de invalidación. "El proyecto 'Saneamiento del Terreno Las Salinas' fue evaluado ambientalmente con estricto apego a la legalidad vigente, sin que se vislumbre irregularidad ni vicio alguno en el procedimiento de evaluación, en el Informe Consolidado de Evaluación, ni en la RCA N° 24/2020 que calificó ambientalmente favorable el proyecto", dijo Jaime Undurraga, representante legal de la inmobiliaria.
"Pretender dejar sin efecto la RCA N˚ 24/2020 que calificó ambientalmente el proyecto, supondría una evidente y abierta ilegalidad que tendría como consecuencia vulnerar los derechos adquiridos por mi representada legítimamente y de buena fe, afectar severamente la situación jurídica consolidada que se ha originado a raíz de la obtención de la RCA N° 24/2020 que autoriza la ejecución del Proyecto, así como el principio de seguridad jurídica; y, además, ocasionaría una serie de graves e irreparables perjuicios a mi representada", añadió el ejecutivo en su informe.
Según el cronograma de la empresa, tras el saneamiento del terreno vendría la etapa del desarrollo inmobiliario propiamente tal. Hasta ahora, el proyecto contempla la construcción de una serie de edificios de viviendas, hoteles, oficinas y comercio, los que irían de los 12 pisos hasta los 29 niveles. La inversión alcanzaría los US$ 800 millones, lo que incluye la compra del terreno. Copec evalúa la asociación con actores inmobiliarios para llevar adelante las obras.
La empresa evitó realizar declaraciones para este artículo.
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