En su exposición ante la comisión sectorial de la Cámara Baja este miércoles, el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, despejó algunas de las dudas de los parlamentarios respecto del proyecto de ley ingresado por el Presidente Gabriel Boric que busca destrabar la ejecución de viviendas públicas a través de diferentes disposiciones legales en el marco del Plan de Emergencia Habitacional.
Entre los principales puntos de la iniciativa, destacan modificaciones a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, potenciar la industrialización de viviendas y aumentar la eficiencia de los trámites a efectuar ante las Direcciones de Obras Municipales.
“La posibilidad de que los empresarios puedan donar para cualquier programa de vivienda, es una cosa que tenemos que ver (...) pero tenemos que garantizar que los terrenos sean útiles, adecuados y pertinentes”,
dijo Montes.
Entre los puntos que generaron mayores observaciones de los parlamentarios, destaca el beneficio que exime del pago de impuestos a las empresas interesadas en la donación de terrenos para la construcción de viviendas para sus trabajadores. “En segundo lugar, se considera el gasto para efecto de producir la renta. Entonces esto aporta más estímulos para las empresas para hacerlo”, agregó Montes.
En conversación con DF, el titular del Minvu dijo que si bien se ha puesto sobre la mesa “la posibilidad de ampliar (esta medida) de que los empresarios puedan donar para cualquier programa de vivienda, es una cosa que tenemos que ver”. Y agregó que no le parece “una mala idea, pero tenemos que garantizar que los terrenos sean útiles, adecuados y pertinentes”.
Esto, frente a reparos en cuanto a si dicha modificación eventualmente podría generar donaciones de terrenos inadecuados para el uso habitacional. “Lo que queremos es que esto sea absolutamente acotado. Si hay una donación general, en ese caso tiene que ser con previo informe del Serviu que lo acepte (...) Eso no está en el proyecto, pero en caso de incorporarlo tendría que tener el límites para evitar cualquier tipo de abuso”, mencionó.
En otro punto, consultado respecto a los avances en la línea especial de financiamiento a las empresas del sector construcción indicó que “se ha avanzado, pero todavía no está con indicaciones”. Montes señaló que el beneficio consistiría en una especie de Fogape para las compañías del rubro. “A las constructoras muchas veces se les está negando la posibilidad de cubrir un conjunto de operaciones que permitan iniciar el proceso. Entonces (esta iniciativa) abriría una línea que permitiría facilitar eso”, explicó.
Demoras en servicios
Otro de los puntos abordados en la sesión se refirió a la disposición que busca reducir el tiempo en el cual se entregan los proyectos habitacionales. El jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, Vicente Burgos, señaló que con este proyecto de ley “el mayor costo que tratamos de evitar es que proyectos que están listos y preparados no puedan ser llamados porque falta un permiso de edificación”. Agregó que desde la cartera estiman que el hecho de “traspasar la aprobación del Informe de Mitigación Vial (IMIV) a la recepción definitiva implica quitar del orden de dos meses, en el caso de que el IMIV sea lo único que requiere (un proyecto)”.
En este sentido, Burgos arremetió contra algunas trabas que no solo provienen de trámites administrativos, sino también de parte de las empresas involucradas en el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
“En una población, nos pasó con la empresa de electricidad de la RM que las viviendas estaban listas, pero faltaba la conexión eléctrica y creo que se demoraron cinco meses en hacerla. Les reclamamos y la empresa dijo que no tenía el personal suficiente”, explicó. Y comentó que esta situación ocurre tanto en compañías del sector eléctrico como del rubro sanitario.
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