Un mecanismo de resolución temprana de conflictos –análogo al panel técnico que existe en el sistema de concesiones-, busca introducir el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a los contratos públicos.
La conflictividad en este tipo de contratos es un hecho de larga data y según cifras de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), el 96% de los contratos del MOP se modifica, y en promedio se generan aumentos de 30% en los plazos de los contratos.
La Directora General de Obras Públicas, Mariana Concha, explicó que han estado trabajando de la mano del Centro de Innovación para la infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), tarea que posibilitó el desarrollo de un plan piloto de este mecanismo en grupo de cuatro contratos.
Estos proyectos son el embalse Chironta en Arica; el camino Padre Hurtado en el sector de la Cuesta Chada; el sistema de regadío Cuncumén en la Región de Valparaíso, y el parque inundable intercomunal Víctor Jara en Santiago.
A partir de los resultados de esta fase, la autoridad señaló que esperan tener el próximo año los fundamentos para elaborar una propuesta de ley que concrete la aplicación general de este mecanismo.
La propuesta apunta a que el panel de expertos de carácter autónomo acompañe a los proyectos desde el comienzo y de manera permanente, con el fin de evitar al máximo los conflictos y su resolución por vías judiciales. Especialmente, porque hasta ahora la única instancia para los contratos de obras públicas son los tribunales ordinarios de justicia.
En el análisis de las mejores fórmulas, Mariana Concha indicó que las asignaciones de él o los expertos “tienen que ser aceptadas por ambas partes” y que es probable que estos nombramientos se efectúen “por sorteo” para dar mayor transparencia al sistema.
Inspección fiscal
Tras participar en un seminario organizado la semana pasada por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Concha indicó que otra de las prioridades es el rol que desempeñan los inspectores fiscales de los proyectos, buscando fortalecer sus capacidades de decisión. “El inspector fiscal tiene miedo de tomar ciertas definiciones porque su interpretación, tanto de aspectos técnicos como administrativos del contrato, va más allá de lo que está escrito en la norma pues tiene repercusiones respecto de reclamaciones y pagos que se deben hacer a los contratistas. Y si él se equivoca, debe responder con su propio patrimonio”, explica.
Además del apoyo permanente que ofrecerá el futuro panel de expertos, la directora subrayó que también se buscará cambiar el funcionamiento de las asesorías de inspección fiscal, como también optimizar aspectos del reglamento de obras “de tal manera de potenciar más” el rol de esos funcionarios.
Mariana Concha, Directora General de Obras Públicas.
Concesiones define llamados a licitación para este año
El director de concesiones, Hugo Vera, delineó ayer los siete proyectos que restan por llamar a licitación este año ante una comisión en el Senado. Si bien ha habido más de un aplazamiento, este listado corresponde al calendario definitivo de la cartera. Éste considera tres obras cuyas bases de licitación ya están en toma de razón por la Contraloría y cuyo llamado a licitación se fijó para este mes: la red hospitalaria del Maule por US$ 363 millones, la red aeroportuaria austral por US$ 151 millones y la relicitación del tramo de Ruta 5 Talca-Chillán por US$ 796 millones.
Esta última, y tal como adelantó Diario Financiero el año pasado, será la primera en traspasarse al Fondo de Infraestructura. Vera explicó que el plan es que la empresa estatal primero se haga cargo de obras relicitadas porque ya se tiene una idea del flujo de ingresos que tendrán.
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