En el marco de la sesión programada ayer en la Comisión de Obras Públicas del Senado para presentar las indicaciones del gobierno a la reforma a ley sanitaria, el ministro Alfredo Moreno, anticipó los detalles del proyecto que presentará próximamente el Presidente Piñera.
Dentro de los cuatro ejes que aborda el proyecto de ley que modifica los servicios sanitarios –cuyo escrito está siendo visado actualmente por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres)-, la modernización del proceso tarifario es el que más ruido ha causado.
Lo anterior, porque el proyecto de ley que fue despachado por la Cámara de Diputados en 2016 eliminaba la base de 7% de rentabilidad sobre activos (ROA regulatorio) que actualmente tienen las empresas sanitarias, lo que en su momento causó un desplome en Bolsa de las acciones del rubro.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) hizo saber su molestia en su momento, señalando que “no es un perfeccionamiento regulatorio como se ha presentado, sino un cambio drástico en las reglas del juego que introduce un grave factor de incertidumbre en el sector”.
Finalmente esto no será así. El ministro Moreno adelantó que la tasa de descuento no podrá ser inferior a un 6%, con lo cual se restituye el piso de rentabilidad, pero además se iguala a lo que se observa hoy en las empresas de generación eléctrica.
Pero eso no es todo, ya que el proceso para definir las tarifas (que actualmente se definen para un período de cinco años), también sufrirá modificaciones. Así, en vez de que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y la empresa presenten sus estudios de manera simultánea, será esta última la primera en proceder a presentar sus bases. Con esto se busca disminuir la judicialización que habitualmente se produce en ese paso.
Además, se busca instaurar un panel de expertos técnicos permanente, a fin de que dirima cuando se produzcan discrepancias, pero también que participe activamente en otras funciones como la definición de la tarifa. Por ejemplo, la instancia podrá escoger entre una de las dos tarifas en caso que no haya acuerdo.
Este punto es relevante, toda vez que tendrá que elegir entre una u otra alternativa y no buscar una solución intermedia, a fin de acotar los plazos.
El panel será un símil al que existe en el sector energético. Moreno especificó que se propuso que esté formado por cinco miembros –dos ingenieros civiles, dos ingenieros comerciales y un abogado-, con una duración de seis años en el cargo y con un recambio parcial de los expertos cada dos años.
Los otros tres ejes que abordará la reforma son el cambio climático, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional. En este último punto se busca hacer frente a situaciones como lo que ocurrió con la suspensión de servicio de Essal en Osorno a mediados de julio, para lo que se hace necesario dar mayores atribuciones a la SISS, así como hacer obligatorios los planes de emergencia.
Un tema que se aborda en la reforma -y que no contempla la ley que rige actualmente- es la inhabilidad para el superintendente y los jefes de división en cuanto a prestar servicios a empresas del rubro hasta un año después de haber dejado el cargo. En caso de incumplimiento establece multas de entre 500 a 1.500 UTM.
Presión legislativa
Si bien tanto el jefe de cartera como los senadores de la comisión de Obras Públicas coincidieron en que el contenido del proyecto de ley acoge las inquietudes y planteamientos de los parlamentarios, ellos insistieron en la urgencia de presentar la indicación sustitutiva.
El senador Alfonso de Urresti (PS), hizo hincapié en que existía un compromiso del ejecutivo de presentar el texto de la reforma el pasado 28 de agosto.
“Aquí venimos a legislar. Podemos hacer un debate, pero esto no es un foro o un panel de expertos. Entonces le pido respeto ministro. Yo vine hoy día a ver un proyecto, a ver las indicaciones, ver si tienen admisibilidad, entonces por favor sincerémonos legislativamente”, señaló el parlamentario.
La presidenta de la comisión, Ximena Órdenes coincidió con este emplazamiento. “Yo creo que hoy la prioridad para esta comisión, así como para el Ejecutivo, es comenzar a discutir un texto. Nuestra preocupación es que esto no se dilate y que finalmente no podamos responder, sobre todo en un momento tan contingente para Chile en torno a las sanitarias. No sólo por el caso Essal: los desafíos de cambio climático nos interpelan tanto al Ejecutivo como a los legisladores para modernizar rápidamente la ley general de servicios sanitarios, ver también los temas de tarifas y de modernizar la SISS”, manifestó
El ministro Moreno respondió a esas críticas, afirmando que “el proyecto es una atribución del Presidente de la República y él manda el proyecto en la forma y en la fecha que le parece correcto. Yo nunca he comprometido mi palabra en cuanto a que el Presidente va a enviar las indicaciones hoy”.
Multas y sanciones se igualan a las de la Super de Medio Ambiente
Tal como había lo había adelantado el ministro Moreno en una sesión en la Cámara Baja a raíz del caso Essal, las multas serán más altas para las sanitarias, igualándose a las que actualmente rigen en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).
Así, la reforma propone la eliminación de los pisos mínimos y ajusta los montos máximos de las multas, que además contarán con nuevos criterios de graduación, con el objetivo de que la sanción sea lo más ajustada a la realidad de la empresa en cuestión. También se introducen los planes de cumplimiento, para evitar algunos casos de sanción.
Dentro de los criterios para definir la categoría de la sanción se encuentra la capacidad económica del infractor, así como número de usuarios afectados, daño o peligro ocasionado, beneficio económico, etc. Para caso leves el techo será 500 UTA; graves hasta 5.00o UTA; y gravísima hasta 10.000 UTA. En este último caso, deberán contar un con informe consultivo al nuevo panel de expertos.
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