El decreto supremo 14 que publicó el lunes el Ministerio de Vivienda (Minvu) en el Diario Oficial y que busca destrabar proyectos frenados por cuestionamientos de la Contraloría, no incluye a los permisos invalidados en Estación Central.
Fuentes de la Contraloría General de la República explicaron que lo anterior se da por dos motivos, siendo el principal la vigencia de la DDU 313 publicada en mayo de 2016 y que no permite la edificación con fachada continúa en zonas sin plan regulador comunal.
Además, una segunda razón es que varias inmobiliarias que vieron invalidados sus proyectos, como Fortaleza, Inmobilia y Eurocorp, concurrieron hasta la justicia ordinaria para dar vuelta dicha decisión, por lo que seguirán su curso por esa vía.
Actualmente son casi 50 los proyectos que han visto cuestionado el permiso de edificación entregado por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Estación Central.
Este decreto que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones aborda tres líneas de acción.
La primera, dice relación con la reafirmación de la presunción de legalidad con que cuenta un permiso entregado por la DOM de cada comuna, con miras a dar mayor certeza jurídica a los desarrolladores inmobiliarios
Segundo, la incorporación de las DOM como un colaborador al proceso de creación o modificación de un Plan Regulador Comunal (PRC). “El Minvu no desea trabajar la elaboración de las normas desde una posición de jerarquía sino en una posición colaborativa”, expresó el ministerio.
Y por último, la incorporación de incentivos para que los desarrolladores incorporen a sus proyectos mejoramientos en el radio donde se ubicará la iniciativa, como por ejemplo, instalación de áreas verdes y mejoramientos de veredas y equipamiento.
Una señal política
Opiniones diversas ha generado la publicación del decreto en la industria. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Patricio Donoso, dijo que si bien valora que se reafirme la presunción de legalidad de los actos emitidos por las DOM, espera “seguir trabajando en robustecer la normativa, a fin de evitar situaciones como las vividas, se repitan a futuro”.
A través de un comunicado, Donoso explicó que “por ejemplo, todavía es necesario eliminar áreas grises que pueden provocar nuevos cuestionamientos a proyectos actuales y futuros, unificar las vías para impugnar permisos, simplificación trámites y plazos para aprobar permisos y corregir ciertas materias específicas, como la caducidad de los permisos de edificación”.
Sin embargo, a juicio de un abogado experto en la materia, este decreto es una señal política más que otra cosa, toda vez que ninguno de los lineamientos planteados es “sustancial” para dar solución a todos los problemas a los que se puede enfrentar un permiso de edificación.
Además, otro problema son las zonas donde no hay PRC pues quedan fuera del marco del decreto, ya que sólo tal como está planteado, sólo aplica si existe un instrumento planificador.
Una posible solución –plantea el experto- es hacer obligatoria la extensión del PRC en las zonas donde actualmente no hay.
Otro abogado, señala que, inclusive el que las DOM participen de la creación de planos reguladores podría ser un nuevo obstáculo, ya que si bien es positivo conceptualmente, es clave cómo se aplique en la práctica, dado que “el principal obstáculo es que ya es complicado quizás ver planes reguladores y sumarle otro actor más, probablemente lo haga aún más difícil”.
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