El caso por el retraso en la entrada en operación de la megalínea de transmisión eléctrica Cardones-Polpaico, que enfrentó a ISA y el Estado de Chile en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), llegó a su fin. Diez días después que el Tribunal emitiera su laudo, este último se publicó y reveló la argumentación que sustenta sus conclusiones donde no hubo un ganador absoluto.
Cuando hubo luces del resultado, desde Cancillería destacaron que el Ciadi acogió gran parte de los argumentos de Chile, al ordenar pagar solo US$ 16 millones de los US$ 235 millones solicitados por la empresa y al mandatar a los demandantes a pagar el 80% de sus costas a Chile. A su turno, ISA remarcó que el Tribunal concluyó que existieron algunas violaciones al Acuerdo por parte de Chile (ver recuadro).
Alberto Van Klaveren, ministro de Relaciones Exteriores.
“Chile sigue siendo un país confiable y competitivo para la inversión y el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura”, dijeron en RREE.
Foto: Agencia Uno
Consultado por DF, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que “la argumentación y las conclusiones del Tribunal, en general, son favorables para el Estado”. Y sentenciaron: “En términos generales, el laudo es favorable al Estado”. Incluso, el balance que hacen sobre los casos que han enfrentado hasta ahora en el Ciadi a partir del reciente resultado es “positivo”, ya que existen sólo dos casos (ISA y MTD) en que tribunales Ciadi han reconocido algún aspecto puntual y específico en reclamaciones contra el país.
Sobre el resultado de su disputa con la colombiana, la Cancillería explicó “Chile no fue condenado a indemnizar perjuicios, sino sólo a restituir un porcentaje menor de una multa que cobró como consecuencia de los retrasos de ISA en el tramo final del proyecto”. Este monto -precisaron- representa aproximadamente un 7% del total reclamado por el inversionista.
Según profundizaron, con excepción de un aspecto muy puntual referido a episodios en el sector La Dormida, Región de Valparaíso, durante el 2018, y que no fue considerado como un hecho de fuerza mayor por parte del Ministerio de Energía, “el laudo consideró que todas las entidades públicas involucradas en la ejecución del proyecto -incluyendo CONAF, el SEA, la SEC, Carabineros de Chile y los Tribunales de Justicia- actuaron de manera colaborativa, diligente y razonable”. Además, subrayaron, el Tribunal estuvo por rechazar por unanimidad gran parte de las alegaciones de la demandante.
Dicen que Chile tiene que restituir una parte menor de una multa a beneficio fiscal que aplicó el Coordinador Eléctrico frente al retraso de ISA. Dicha restitución corresponde a 96 de los 499 días totales de atraso. Según el laudo, explican, de no mediar el incumplimiento señalado al resolver sobre la fuerza mayor, este retraso debió haber sido considerado como excusable.
El laudo tuvo la disidencia parcial del árbitro Luis González García. Para la cartera, “el voto disidente confirma que la discrepancia de un inversionista con la interpretación jurídica adoptada fundadamente por una autoridad no es suficiente para configurar una violación del Tratado y comprometer la responsabilidad internacional del Estado”.
Imagen a inversionistas
Sobre los aprendizajes tras el resultado, señalaron que “el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Unidad de Defensa en Controversias Internacionales, realiza un trabajo permanente de prevención de controversias”. “Los Estados y los inversores siempre pueden sacar lecciones a partir de estos casos”, afirmaron.
La Cancillería no estima que se haya dañado la imagen de Chile de cara a los inversionistas foráneos. “La imagen de Chile hacia los inversionistas es muy positiva, basta ver como ha aumentado la inversión extranjera en nuestro país. En tanto, el resultado del laudo es favorable para nosotros: por unanimidad, el Tribunal consideró que las entidades públicas que participaron en el proyecto actuaron de manera diligente y razonable”, aseguraron, destacando que el país es “competitivo para la inversión y el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura”.
Por otra parte, puntualizaron, situaciones de protesta ciudadana como las que se verificaron en el sector de La Dormida “pueden ocurrir en todos los países y el laudo confirmó que Carabineros de Chile actuó diligentemente y cumplió con su obligación de mantener el orden público, resguardando los derechos de inversionistas, sean estos nacionales o extranjeros”.
Las reflexiones de ISA tras el laudo
ISA no se ha referido en detalle al laudo que fue público el 23 de diciembre. Sólo lo abordó en un escrito al regulador colombiano y en un comunicado, donde señaló que el tribunal concluyó que existieron algunas violaciones al Acuerdo por parte de Chile en relación a las decisiones del Ministerio de Energía -adoptadas en febrero de 2020- por los eventos de fuerza mayor atribuibles a terceros durante la construcción del proyecto.
Añadió que el fallo ordena al Estado de Chile a devolver parte de la multa por atraso cobrada a la compañía más intereses.
Y reflexionó que “la compañía espera que la dificultad de avanzar en proyectos de inversión debido a la tramitación de permisos y su impacto en el crecimiento económico del país -ya reconocida por todos los actores y el propio Estado- sea abordada por los proyectos de ley actualmente en tramitación en el Congreso, estableciendo plazos y objetivos claros que permitan agilizar los procesos”.
“ISA reafirma su confianza en Chile como socio estratégico a largo plazo para el desarrollo de sus inversiones”, recalcó.
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